El documento señala que, a pesar de las grandes expectativas de las comunidades en el Acuerdo de Paz, durante su primer año, empezó a evidenciar la debilidad estructural del Estado para hacerse al control territorial en lugares en los cuales las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) administraban justicia y seguridad.
Denominado «Plomo es lo que hay Violencia y Seguridad en tiempos de Duque», el texto subraya que el posconflicto es un período de tiempo de avances y retrocesos, no un proceso lineal ascendente hacia la paz.
Tal escenario lo evidencia el hecho de que comenzó una creciente violencia contra líderes sociales y excombatientes de las FARC desde el regreso del uribismo al poder (inicio del período presidencial de Iván Duque Márquez en agosto de 2018) y su promesa de hacer trizas los acuerdos, señala.
Además, fueron cada vez más indudables los problemas de implementación de lo pactado en asuntos trascendentales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, agrega el informe.
De igual forma, quedó demostrado el ataque frontal de sectores políticos representados en el nuevo gobierno en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), añade.
Subraya que el Clan del Golfo es el grupo criminal con presencia en 241 municipios del país; en tanto, el ELN tiene incidencia en 183, las disidencias de Gentil Duarte en 119 municipios, y la denominada Segunda Marquetalia, con influencia en 61.
Esto quiere decir, que en el 37 % del territorio nacional hay presencia de Grupos Armados Organizados, enfatiza el documento.
La Fundación reconoce tres etapas del psconflicto: Inicio de la Confrontación (2017); Disputa y reconfiguración territorial (2018-2020), ¿Una estabilización armada? (2021 en adelante).
Recalca que tras el desastre humanitario de 2020 ocasionado por la Covid-19, en 2021 la violencia letal volvió a los niveles de 2018 y 2019, pero con la diferencia que los grupos armados lograron consolidarse en el territorio al tiempo que el miedo se apoderó de los procesos sociales en múltiples regiones del país.
Indica que los tipos de liderazgo más afectados por ese fenómeno entre 2016 y marzo de 2022 fueron los comunales, seguidos de los indígenas, campesinos, comunitarios y afrodescendientes.
Precisa que en el periodo 2016-2022 se registraron 191 masacres en el territorio nacional y a partir de 2018, año de posesión del gobierno Duque, las masacres aumentaron exponencialmente.
El aumento más dramático ocurrió entre 2019 y 2020, en más del 300 por ciento, refiere el informe.
El texto también aborda los problemas relacionados con la minería y la sustitución de cultivos considerados ilícitos en Colombia.
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