Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal de Prensa Latina en México
También lo provoca el no reconocimiento de las autorizaciones ilegales de autoabastecimiento y de productor independiente de energía modificados y en vigor antes de la reforma energética de 2013.
Además, la CFE tendrá el derecho constitucional de generar el 54 por ciento de la energía de México y los particulares, nacionales y extranjeros, el 46 por ciento- exactamente la misma cantidad que produce Argentina a nivel nacional, así que no es ninguna bicoca-, pero los inversionistas privados no renuncian a la casi totalidad que disfrutan ahora.
A todo eso la reforma añade, como es lógico, control estatal de todo el proceso para lo cual autoriza a la CFE determinar las tarifas de transmisión y distribución y elimina el sistema de subsidios a los supuestos productores, un barril sin fondo por el que escapan miles de millones de dólares al año.
LA OPOSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS
El arma principal usada por Estados Unidos para intentar detener la reforma es alegar que con su aprobación México incumple y viola sus obligaciones en virtud del capítulo 14 (Inversión), el 15 (Comercio Transfronterizo de Servicios) y el 22 (Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo desmintió.
El embajador de Washington, Kent Salazar, texano de origen español y muy activo e injerencista, advirtió que habrá discrepancias y litigios sin fin que generarían incertidumbre y obstruirían la inversión si se aprueba la nueva ley eléctrica, pero López Obrador le aceptó el reto y respondió que el diplomático habla de acciones de tipo jurídico, “y nosotros también haríamos lo propio porque somos un país independiente, libre”.
Hay un asunto más de fondo en la posición de Estados Unidos contra la reforma, y es que en la relación comercial -en la cual México volvió a ocupar este año la posición número uno como socio comercial del vecino del norte- Washington pretende lograr el mismo ascenso sobre los mexicanos que en la época del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA).
Aquella concertación fue muy nefasta para México pues mediatizó su desarrollo independiente y dio supremacía a Estados Unidos en las asociaciones conjuntas como las del sector energético y automovilístico.
Incluso estando vigente el TLCAN, Estados Unidos aplicó políticas proteccionistas contra México violando los acuerdos de asociación y cooperación, y trasladó directamente a este país efectos de sus crisis, como la inmobiliaria, que acabaron con la economía de este país.
Con su sustitución por el actual T-MEC cuyos términos exigidos por México permitieron una cierta mejoría, no le han dado tranquilidad totalmente a este país, pues Donald Trump, a pesar de su presunta “simpatía” por su homólogo López Obrador, amenazó casi permanentemente con medidas de represalias aduaneras y otros tipos de sanciones en los diferendos por razones no comerciales, como la migración, y una injerencia abierta -que aún se mantiene- en temas internos como los laborales y sindicales.
Estados Unidos conserva una defensa cerrada a sus cientos de industrias en México, en especial las maquiladoras y las cadenas de valores que domina en la larga frontera- sur para ellos y norte para los mexicanos-, a lo largo del río Bravo.
Para nadie es un secreto que en los planes petroleros de Estados Unidos las reservas mexicanas las considera como suyas, y no solamente los yacimientos en el golfo que comparten.
El gobierno de Estados Unidos, que había dejado ser gran productor de crudo después de la crisis energética de 1973 y llegado a su cenit en la extracción natural, retó a los científicos que desaconsejan el fracking, y gracias a esa temeraria decisión, volvió a escalar las primeras posiciones en el mundo petrolero.
Pero aun así, el crudo mexicano sigue siendo una de sus grandes perspectivas, como lo son también las inmensas reservas de Venezuela.
LA OPOSICIÓN DE ESPAÑA
Más o menos en esa tesitura del embajador de Joe Biden, responde desde Madrid el presidente del gobierno Pedro Sánchez, quien hace una defensa cerrada de las empresas de su país y se jacta de no excusarse ante el pueblo mexicano por las atrocidades cometidas durante la conquista- como le ha solicitado López Obrador.
Se trata de actitud casi semejante a la del ultraderechista partido VOX, que llegó a pedir incluso se le erija un monumento a Hernán Cortés en Ciudad de México para que se le rindan honores de héroe y salvador.
Lo cierto es que en los últimos 20 años, sobre todo, las grandes corporaciones españolas pasaron a controlar sectores estratégicos de la economía mexicana:
El energético, pues prácticamente todas las multinacionales españolas poseen inversiones y negocios en el país, entre ellas Iberdrola, Endesa, Repsol, Acciona y Naturgy.
El bancario, con el primero y el tercer banco en volumen de activos del país: el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que en su día absorbió a Bancomer; y Santander, que hoy es uno de los principales operadores del mercado financiero y es el prestamista líder en el sector del automóvil.
Y en la infraestructura, carreteras, puertos o grandes proyectos públicos, también se han posicionado algunas empresas españolas entre las más poderosas del país, como la constructora OHL (salpicada de numerosas acusaciones de corrupción), y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), entre otras.
Además, está el sector turístico, donde se han convertido en líderes de algunos destinos de éxito, como la Rivera Maya, los Cabos y Huatulco. Algo parecido ha ocurrido en otros sectores menos relevantes y en menor grado de penetración, como el de la industria editorial, los medios de comunicación y los servicios.
CONCLUSIÓN
Todo ese poder estadounidense-español se esconde detrás de la oposición tan descomunal a la reforma eléctrica y la política de los partidos que trasladaron todas esas riquezas al capital extranjero y hundieron sin miramientos la economía nacional con lo cual embargaron el futuro de México.
Los líderes del Partido Revolucionario Institucional, los de Acción Nacional y la increíble y bochornosa sumisión a ellos del Revolucionario Democrático que en sus inicios rescataba la grandeza de Lázaro Cárdenas, son los subalternos internos de esas grandes transnacionales y los gobiernos de Washington y Madrid, en esta decisiva batalla por la recuperación de soberanía nacional perdida por aquellos gobiernos corruptos en 36 años de neoliberalismo.
La reforma eléctrica no es un simple parteaguas en la historia contemporánea de México, sino una necesidad histórica imperiosa- en palabras del actual mandatario- para reponer en las manos del pueblo los ideales por los que cayeron Hidalgo, Morelos, Allende, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa.
Todo ello responde a la pregunta que da título de este artículo, es decir, de por qué México está necesitado de aprobar y aplicar la iniciativa de su presidente López Obrador.
rmh/lma
