Con el repliegue de los congresistas Oriovisto Guimarães, Styvenson Valentim y Weverton Rocha, el pedido de indagación tiene ahora 24 nombres y se necesitan 27 para presentar la solicitud.
Según las acusaciones, dos pastores sin conexión con la carpeta de Educación, pero amigos de la administración federal, pedían sobornos (dinero y oro) a autoridades para liberar recursos a los municipios.
El exministro del sector Milton Ribeiro fue destituido de su cargo ante sospechas de que actuó en beneficio de esas indicaciones religiosas.
Guimarães justificó su retroceso en la rúbrica en que, aunque ocurrieron actos graves en el ministerio, «una CPI tan cercana a las elecciones (de octubre) acabará en plataforma electoral».
De acuerdo con Valentim, «llevar este debate al Congreso Nacional en un año de elecciones solo serviría para dar una plataforma política a la oposición», aunque «todas las denuncias de delitos deben ser investigadas y los delincuentes castigados».
Al respecto, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, evitó el 7 de marzo pronunciarse sobre el fondo de la demanda de apertura de la junta, pero precisó que debe quedar claro cuál es el «hecho determinado» que justifica la creación de la CPI.
Medios periodísticos aseguran que el Gobierno de Jair Bolsonaro montó un «grupo de trabajo» para evitar que la solicitud sea aceptada por Pacheco.
Las imputaciones son de terceros que, «de repente, habrían hecho algún tipo de trato cargado de sospechas. Pero no hay, hasta este momento, ninguna indicación que implique la participación de algún agente público», declaró al portal R7 el senador Marcos Rogério.
Para la base dirigente del Senado, las acusaciones sobre el caso aún no fueron probadas y hasta ahora solo son denuncias emitidas por los alcaldes.
La Policía Federal estableció dos pesquisas sobre la participación de los pastores y de Ribeiro, pero aún no ha concluido las investigaciones.
A pesar de las firmas, el inicio del funcionamiento de la CPI depende del aval de Pacheco.
En 2021, el legislador dudó en autorizar la apertura de la comisión sobre el desempeño del gobierno durante la pandemia de Covid-19 y solo determinó el inicio de los trabajos tras una orden del Supremo Tribunal Federal.
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