Representantes del Partido Comunes, del movimiento Defendamos la Paz, y de organizaciones que siguen la ejecución del documento firmado en La Habana, criticaron la versión del mandatario sobre la realidad del país
Además lamentaron le negativa a participar en la elaboración del informe de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.
El principal señalamiento a la intervención del mandatario es que no refleja la realidad de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 suscrito en La Habana, Cuba, fin del conflicto entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP).
Duque defendió en su discurso la llamada Paz con Legalidad, y destacó el trabajo de su administración en base a logros en renglones como la reincorporación, reparación integral a víctimas, desminado, seguridad, sustitución de cultivos, desarrollo rural y enfoque de género.
Sin embargo, dejó fuera de su discurso los señalamientos de la ONU, organizaciones defensoras de los derechos humanos y opositores políticos respecto al aumento de la violencia y otros problemas relacionados con la deficiente implementación del Acuerdo de Paz.
No obstante el mandatario aseguró ante la ONU que su gobierno apoya la institucionalidad con relación a principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
También defendió la actuación de las fuerzas del orden, la reforma para que el narcotráfico y el secuestro no sean relacionados como delitos políticos, en insistió en los avances de la llamada Paz con Legalidad.
Expertos destacan que los principales argumentos contra el discurso del presidente Duque figuran en el informe de la situación de derechos humanos en el país en 2021 de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Según el documento, en la nación andino-amazónica fueron verificadas 78 masacres del al menos un centenar denunciadas, más de 72 mil personas desplazadas producto de la violencia, y el asesinato de 54 exguerrilleros de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz.
También la violencia e impunidad con que actúan los cuerpos armados del Estado (Ejército y Policía), responsables de 54 muertes en diferentes operativos, entre otros datos considerados contraproducentes a la proceso de implementación de los acuerdos suscritos en la capital de Cuba.
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