“Esperemos que el Ministerio Público pueda actuar con objetividad, celeridad, transparencia a efecto de que la sociedad pueda encontrar justicia”, afirmó el abogado de la exdiputada Lidia Patty, acusadora en la pesquisa por el cercenamiento a infantes y adolescentes del derecho a la escolarización.
Cárdenas es imputado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y desobediencia a decisiones en proceso de Amparo Constitucional.
Nina exigió en entrevista al canal estatal Bolivia TV que la Fiscalía garantice la presencia de Cárdenas y otros acusados en este proceso que se encuentra en fase investigativa.
Según el jurista, el también exvicepresidente de Bolivia (1993-1997) durante el primer gobierno del exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada puede tener una condena de privación de libertad de hasta 12 años.
Este lunes la Fiscalía presentó la imputación formal contra el extitular de Educación del Ejecutivo encabezado por Jeanine Áñez y quedó establecida su detención domiciliaria mientras transcurra la pesquisa.
Iván Lima, ministro de Justicia, calificó de “fundamental” esa medida preventiva en correspondencia con el retroceso educativo que vivió el país en 2020, cuando se determinó la clausura del curso escolar en detrimento del derecho del estudiantado.
Explicó que por el estado de salud de Cárdenas no se establecerá su encarcelamiento preventivo, sin embargo, aclaró que se solicita una “investigación exhaustiva” sobre estos hechos y otros posibles partícipes.
Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, elogió este martes el restablecimiento del derecho a la educación en Bolivia, consolidado con el retorno a las clases presenciales.
La responsable del viceministerio adscripto a la cartera de Gobierno indicó que esa conquista fue posible gracias a una intensa campaña de vacunación masiva contra el COVID-19.
Alcón participó en un agasajo organizado por el canal Bolivia TV con motivo del Día del Niño, que Bolivia conmemora el 11 de abril desde 1955.
“Sin duda alguna, el derecho a la educación es importante y ha sido arrebatado durante el golpe (de Estado) y lo primero que hemos hecho es devolver este derecho”, enfatizó la vicetitular.
La periodista de profesión informó que debido a las políticas públicas del gobierno del presidente Luis Arce la deserción escolar decreció de 2,6 por ciento en 2019 a 2,1 puntos porcentuales en 2021.
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