«Esta ha sido una instancia judicial muy relevante ya que permitirá poner fin, a través de un medio de solución pacífica, a una disputa que se ha extendido por más de 20 años», afirmó la subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente de Chile ante La Haya, Ximena Fuentes.
Explicó que «el objeto principal de la controversia es que la Corte declare que el Río Silala es un curso de agua internacional y que, por ende, ambos Estados ribereños, Chile y Bolivia, tienen derecho a un uso razonable y equitativo de sus aguas”.
Esto es, dijo, en base a lo establecido en el derecho internacional, por lo que las partes deberán “cumplir con la obligación de cooperación y de no causar daño significativo al otro Estado».
En su opinión en el curso del procedimiento legal quedó demostrado “que Bolivia reconoce que el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, ambos estados tienen derecho a su uso equitativo y razonable».
Detalló que el caso quedó reducido solamente a un último reclamo boliviano sobre su derecho a desmantelar la canalización localizada en su territorio, cuestión a la que Chile ciertamente jamás se ha opuesto, requiriendo solamente que Bolivia cumpla con sus obligaciones de debido cuidado y de cooperación propias del derecho internacional, acotó.
Los alegatos orales del caso sobre el Estatus y Usos de las aguas del Silala iniciaron el pasado 1 de abril en formato híbrido presencial-virtual debido al impacto de la pandemia de la Covid-19.
Chile presentó la demanda en junio de 2016 bajo el argumento de que el Silala es un río internacional y que en base al derecho internacional los estados ribereños tienen derecho a un uso equitativo y razonable de sus aguas.
Por su parte Bolivia inicialmente alegaba que es un manantial que fluye naturalmente desde su territorio y que fue desviado mediante canales artificiales hacia Chile, quien ha utilizado sus aguas desde hace más de un siglo a partir de una licencia otorgada por el país vecino.
Concluidos los alegatos orales, la Corte se encuentra en condiciones de dictar sentencia, la cual «esperamos que se conozca en un plazo de seis a 12 meses», indicó la subsecretaria.
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