Según el diario Página 12, se trata del quinto proceso iniciado contra Fernández y otros funcionarios durante el mandato del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) que queda sin fundamentos y debe ser cancelado.
En esta oportunidad, se trataba de una denuncia de miembros de Propuesta Republicana sobre un supuesto desfalco de siete mil millones de dólares a través de la compra de gas por parte de la administración de Fernández.
Como parte de un proceso irregular, basado en investigaciones y declaraciones falsas, se ordenó el encarcelamiento del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Coordinación de ese ministerio Roberto Baratta, cuya implicación también fue descartada ahora.
En aquel entonces, el fallecido juez federal Claudio Bonadio aceptó el testimonio de Marcelo D’Alessio, quien fingió ser abogado y está encarcelado por su implicación en un caso de extorsión.
Además, aceptó supuestas pruebas presentadas por el ingeniero David Cohen, sustentadas en datos de un organismo que no existe y una monografía publicada en El Rincón del Vago, sitio en Internet de poca credibilidad.
Recientemente, pericias realizadas por la Facultad de Ingeniería y la Prefectura Nacional concluyeron que no se cometieron irregularidades ni hubo sobreprecios en la compra de gas, lo cual debió ser aceptado por el juez Julián Ercolini, pese a ser partidario de Macri.
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