Por Hugo Rius
Corresponsal de Prensa Latina en Uruguay
Tal advertencia provino del recién reelecto director del Banco de Previsión Social (BPS) por la central sindical Pit-Cnt, Ramón Ruiz, quien vislumbra enfrentamientos para frenar lo que considera una perspectiva de “recorte y retroceso”.
Se trata de la reforma estructural más importante del gobierno actual de coalición de derecha y para lo cual en julio de 2020 creó una Comisión de Expertos (CESS), encabezada por el abogado uruguayo Rodolfo Saldaín, especializado en derecho laboral y previsional.
Autor del libro “La era de los nuevos viejos”, puso énfasis para la gestión encomendada en el aumento del gasto necesario para cubrir las necesidades del sistema registrado en la última década, que pasó de representar cerca del 8,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a más del 11 y con perspectivas crecientes.
Señaló desde un principio el problema de que se requiera un volumen mayor de transferencias intergeneracionales, acentuado con la profundización del envejecimiento de la población uruguaya y la reducción de la económicamente activa, junto a una caída de fecundidad del 1,9 a 1,5 de hijos por mujer.
También planteó la necesidad de alcanzar “en este contexto, el más amplio acuerdo posible, el mayor consenso posible como absolutamente central” para encarar una reforma de tal envergadura.
A la CESS se le encargó redactar recomendaciones para presentar al presidente de la república a finales de 2021 con vistas a considerar una propuesta legislativa en firme, en dirección al parlamento.
Pero por una composición en la que el oficialismo y sus cinco partidos de coalición de derecha cuentan con 10 votos contra cinco de representantes del opositor Frente Amplio, la central sindical y la gremial de jubilados y pensionados, la balanza estaba inclinada de antemano.
Llegado el escrutinio estas tres últimas fuerzas rechazaron el informe presentado, por contenidos en los que observaron consecuencias negativas para trabajadores y futuros jubilados.
Uno de sus integrantes, el exministro de Trabajo Ernesto Murro, denunció que “cuando el gobierno dice orgullosamente que se ahorraron 500 o 600 millones de dólares, una tercera parte es con la rebaja, con el recorte de las jubilaciones y pensiones y esto es muy fuerte”.
Expresó que “por más dura que sea esa próxima reforma, no creo que se ahorre la friolera de 200 millones de dólares en los próximos dos años”, lo que se propone el oficialismo, y “sería brutal si lo logran”.
Respecto a la polémica extensión de la edad jubilatoria, aspecto central, puntualizó que salvo pequeñas excepciones, se aumenta en cinco años y ahora el piso que plantean son a la edad de 65 y tres décadas de trabajo.
MOTIVOS DEL RECHAZO A LA REFORMA PREVISIONAL
Los representantes frenteamplistas rechazaron una reforma previsional al “costo de aumentar la cantidad de años de labor exigidos para jubilarse y pensionarse”, y mediante la fuerte rebaja de las prestaciones, incluidas las de discapacidad, en particular para los sectores de ingresos medios y medio-bajos.
De igual forma criticaron que “nada se dice de la justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza, la solidaridad, elemento central de la seguridad social, además de evitar la pobreza”.
A este respecto Ruiz señaló que el presidente Luis Lacalle debería aclarar si cumplirá con su promesa electoral de no aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, y pese a que según encuesta el 78 por ciento de los consultados cree que debe permanecer como está.
Explicó entre las razones de la votación en contra que la mayor parte del ajuste de la reforma recae en los trabajadores, sin ninguna propuesta para generar nuevas fuentes de financiamiento y pedirles a los sectores de mayor capacidad contributiva un esfuerzo para la seguridad social.
La alusión se dirigía a los que Lacalle llama “los mallas oro”, los más enriquecidos y beneficiados exportadores en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, a quienes libra de imposiciones y otras contribuciones aduciendo que presuntamente “derramarán” prosperidad.
El sindicalista advirtió además contra el favorecimiento del régimen privado en las Administraciones de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) que tendrán más ganancias al cobrar más comisiones, “lo que ya fracasó no solo en Uruguay, sino en el mundo”, aseveró.
Murro consideró que las AFAP tuvieron buenas rentabilidades pero incumplieron con “el pago prometido hace 25 años” y en su lugar retribuyeron apenas la mitad de lo mínimo que paga el BPS estatal.
Sin embargo con toda la votación mayoritaria en el CESS a su favor, el gobierno silenció temporalmente un proyecto tan impopular hasta que pasara el referendo derogatorio de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
Reveladoramente tan pronto resultó ganadora la opción por el No, por ajustada diferencia, el mandatario, en conferencia de prensa, priorizó entre sus planes a corto plazo impulsar una propuesta de reforma previsional que genera oposiciones.
Del lado del movimiento sindical, Ruiz manifestó que si el gobierno elije el camino de aprobarlo, “las organizaciones sociales y políticas en desacuerdo tendrán que buscar camino para poder enfrentarlo”.
Ya en noviembre, organizaciones gremiales y populares de Uruguay se movilizaron y manifestaron frente a la Torre Ejecutiva contra una reforma de seguridad social que calificaron de reaccionaria.
Próximo a la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, llamó a la defensa de la seguridad social entre los ejes temáticos priorizados en la jornada de movilización masiva y hacia adelante.
De llegar finalmente la controvertida propuesta ejecutiva de modificación previsional al Parlamento, otro escenario de batalla puede vislumbrarse entre el bienestar, o no, de la población pasiva después de toda una vida laboral.
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