El portal Brasil de Fato indica que la demanda fue entregada después que parte del material saliera a la luz a través de la periodista Miriam Leitão, del diario O Globo.
La columnista reveló extractos de conversaciones grabadas por el tribunal en época del régimen, caracterizada por una intensa represión contra grupos opositores, como políticos del campo democrático y artistas, y por la censura del trabajo de la prensa.
Tal encargo enviado por Costa está dirigido al ministro general Luís Carlos Gomes Mattos, presidente de la corte militar.
En el documento, el parlamentario exige que el material sea remitido inmediatamente a la junta del Senado para que el colegiado pueda «acompañar el caso desde la perspectiva de los derechos humanos».
Los audios certifican, entre otros elementos, los castigos físicos y psicológicos aplicados por los torturadores de esa etapa.
En total figuran 10 mil horas de declaraciones entre 1975, cuando el tribunal comenzó a grabar este tipo de conversaciones, y 1985, año que marcó el fin de la dictadura.
Brasil de Fato asegura que el material es inédito y está siendo analizado por el historiador Carlos Fico, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Fico obtuvo la autorización de los tribunales para copiar y transcribir las grabaciones.
Recientemente, el Partido de los Trabajadores (PT) y la Orden de Abogados rechazaron una nota firmada por el ministro de Defensa, general Walter Braga Netto, para enaltecer el golpe militar del 31 de marzo de 1964.
«La nota tergiversa los actos de un régimen que ahogó los derechos civiles, mató y torturó a los brasileños e instauró una dictadura y, en lugar de reconocer las atrocidades cometidas, señala un legado inexistente de paz y democracia», denunció el PT.
Creada por ley en 2014, la Comisión Nacional de la Verdad presentó un informe final y concluyó que durante el mandato castrense la práctica de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones y ocultación de cadáveres eran resultado de una política estatal contra la población civil, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
En total, se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1964-1988.
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