La demanda de la ABI fue dirigida al relator sobre la Independencia del Poder Judicial, Diego García-Sayán, según revela el periodista Jamil Chade, del portal UOL. Un día después de que Silveira fuera sancionado el 20 de abril por el Supremo Tribunal Federal (STF) a ocho años y nueve meses de prisión por actos antidemocráticos, Bolsonaro dio la gracia al legislador.
Como presidente, el exmilitar tiene la prerrogativa de dar el indulto, sin embargo, su decisión fue percibida como una forma de desacreditar al Poder Judicial.
La ABI argumentó en la ONU que el acto del mandatario de tendencia ultraderechista era una «usurpación de poderes» y solicitó una reunión con García-Sayán para exponerle «las amenazas a la democracia y a la independencia del Poder Judicial» realizadas por el gobernante.
Según UOL, el documento de la ABI sugiere que el relator del organismo internacional acompañe el caso Silveira y la ONU adopte una posición sobre las disposiciones de Bolsonaro para desafiar el STF.
El decreto presidencial causó una fuerte polémica en la sociedad brasileña y partidos opositores recurrieron ante el Supremo para anular el perdón.
La organización política Red de Sustentabilidad admitió que el jefe de Estado tiene derecho constitucional de otorgar absolución a un condenado por la justicia, pero hubo un «desvío de finalidad».
Explicó que no se puede admitir que esa prerrogativa del presidente «sirva para proteger a un aliado político y particular de justa pena establecida por el Poder Judicial».
Bajo este escenario, la Justicia Federal de Río de Janeiro fijó un plazo de 72 horas para que el Gobierno explique la disposición que concedió la indulgencia individual a Silveira.
Tal determinación, firmada por el juez federal suplente Carlos Ferreira de Aguiar, está relacionada con una solicitud que alega uso indebido de propósito en el acto de Bolsonaro, según el diario O Globo.
Los demandantes piden que se detenga el indulto; según los abogados, el «decreto transforma el instituto de la gracia en verdadera revisión penal, arrogándose un poder devolutivo y suspensivo inexistente, contrario a la Constitución, y obstaculizando el libre ejercicio del Poder Judicial».
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