Preocupada por la situación económica que atraviesa el país, la fuerza política de izquierda centró sus requerimientos al gobierno en la reducción de precios de la canasta básica y el aumento de salarios y jubilaciones que experimentaron caídas.
“Otros uruguayos viven de la peripecia de la pobreza y se alimentan en ollas populares”, recordó un documento adoptado por la Mesa Política del FA, mientras que algunos “acumularon en bancos extranjeros nueve mil millones de dólares” para ejemplificar la agudización de la desigualdad social.
Afirmó asimismo que acompañará la minuta en el Senado aprobada por unanimidad, que establece la eliminación del impuesto al valor añadido (IVA) sobre 19 productos que debe extenderse al supergás de los hogares, durante seis meses.
Relacionado con el salario y las jubilaciones, planteó un “aumento inmediato” a partir del 1 de mayo para los empleados públicos y no como un adelanto para el ajuste de enero de 2023, que permita iniciar el proceso de recuperación salarial.
También propuso doblar el monto de transferencias monetarias para protección social, y por el plazo de un año ajustar mensualmente el monto para Asignación a familias vulnerables del Plan de Equidad establecido por precedentes gobiernos frenteamplistas.
El presidente del FA, Fernando Pereira, abundó en que los recursos existen puesto que en 2021 el gobierno decidió sobrecumplir sus metas fiscales en 350 millones de dólares antes de volcarlos para las personas que más lo necesitan.
Por su parte el presidente de la central sindical Pit-Cnt, Marcelo Abdala, reclamó la adopción de medidas urgentes para crear empleo, mejorar salario y lograr que las familias puedan llegar al fin de mes.
“La producción nacional está creciendo y hay un modelo excluyente, porque al mismo tiempo crece la desigualdad y hay más pobreza”, señaló tras recibir en la sede al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini, para dialogar sobre la actual coyuntura económica en Uruguay.
En tanto el dirigente de la Confederación gremial de empleados públicos, Martín Pereira, puso en perspectiva un referendo derogatorio de prosperar en la Asamblea General Legislativa el proyecto gubernamental de una cuestionada reforma previsional.
Reiteró sus críticas al propósito gubernamental de aumentar la edad de la jubilación y la privatización del sistema mediante la obligación de pertenecer a alguna Administración de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP).
Durante la semana el comisionado parlamentario penitenciario de Uruguay, Juan Miguel Petit, confirmó la existencia de una superpoblación penal de 14 mil 302, y una cifra máxima de 86 muertes carcelarias en 2021.
“No es un designio malévolo, sino porque hay una serie de temas sociales que el Estado no logra resolver de otra manera”, sentenció.
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