El fundador de la Red Internacional del Comité Para la Abolición de las Deudas Ilegítimas insistió en que hay deudas que no se deben de pagar y enumeró cuatro categorías que por su carácter ilegal cualquier deudor puede declararse en suspensión de pagos y usar ese dinero en beneficio de la sociedad.
La primera de ellas, adquirirla sin considerar las leyes del país, como el caso de las que algunos países asumieron con la empresa brasileña Odebrecht. Otra es endeudarse para favorecer los intereses de una minoría en detrimento de la mayoría.
Agregó a ellas las contraídas por gobiernos neoliberales para el rescate del capital de bancos en crisis y cargar sobre el pueblo las recompensas por pérdida o descenso de sus ganancias.
También consideró ilegales los pagos de esas deudas en detrimento de las necesidades de la población como la salud, la educación, los alimentos, y los consideró insostenibles.
Por último, hay una cuarta deuda que calificó de odiosa, que es la multiplicación y acumulación de débitos por su servicio, cuyos intereses se incrementan de forma abusiva y que los prestamistas y usureros usan en contra del interés social.
El especialista, de nacionalidad belga, puso como antecedentes en México del no pago de deudas, la decisión del presidente Benito Juárez en 1867 de rescindir todas las contraídas por el dictador Maximiliano con Francia impuestas por una potencia extranjera.
También mencionó otro gesto similar del presidente Lázaro Cárdenas quien decretó no pagar las contraídas con la banca estadounidense entre 1934 y 1940 por considerarlas ilegales, en especial con el poderoso JP Morgan, y ese dinero lo invirtió en grandes obras sociales.
Describió entre estas los 18 millones de hectáreas de tierra que entregó a los campesinos e indígenas y la nacionalización del petróleo con todos sus gastos.
En contraste, señaló, pagar la deuda ilegal bajo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid provocó la gran crisis de 1982 al caer en default por someterse a las presiones del capital extranjero por encima de los intereses de la nación.
Después de enumerar los recursos legales que los gobiernos pueden usar para la suspensión del pago de deudas ilegales, recomendó hacer una auditoría de estas, y si la administración se niega, las organizaciones sociales pueden exigirla y realizarla.
Por su parte, Mónica Soto, de la Promotora mexicana por la suspensión del pago de la deuda ilegal, recordó que el gobierno de su país pagó en 2021 solo por intereses 343 mil 500 millones de dólares, y para 2023 el costo financiero será de casi 50 mil millones.
Martin Esparza, secretario general del sindicato Mexicano de Electricistas, dio la bienvenida a los delegados del Foro Social, y felicitó al profesor Tousain por su clara y didáctica intervención.
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