La ley, que rubricaron también en acto efectuado en Casa Presidencial las ministras de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero; y de la Presidencia, Geannina Dinarte; incluye reformas a los códigos Electoral, de Trabajo, y Municipal, entre otros, mientras la rectoría en esta materia le corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres.
Establece además prácticas de exclusión como el impedimento para ejercer a plenitud las funciones propias de su cargo, restringir su reincorporación tras licencia de embarazo y lactancia, menoscabar su imagen pública, divulgar información privada o la obstaculización del ejercicio del cargo.
Esta norma busca erradicar aquellas conductas discriminatorias que causen daño a las mujeres que ocupen cargos de elección popular, participen en las estructuras de los partidos políticos o se encuentren en el ejercicio de la función pública.
Asimismo, contempla que la discrepancia de criterios, opiniones, el debate y la discusión democrática, así como disenso a las propuestas planteadas por una mujer, están protegidos por los principios de libertad de expresión y de autodeterminación.
Sobre las sanciones, la ley establece que para las diputaciones será una amonestación ética, para las municipalidades y personas electas popularmente van desde una amonestación escrita hasta la pena más alta, que es el retiro de credenciales, mientras la impugnación deberá realizarse en el Tribunal Supremo de Elecciones.
El mandatario tico afirmó que «nuestro compromiso con la participación y la representación de las mujeres fue palpable desde el inicio de la administración. Tuvimos el honor de conformar un gabinete con mujeres comprometidas con la patria, que no dejaron de trabajar, trabajar y trabajar por Costa Rica».
Guerrero sostuvo que con la firma de esta ley se pondrá freno a ese tipo de prácticas machistas que afectan la participación de las mujeres en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
De su lado, Dinarte señaló que la aprobación de esta ley es un paso fundamental porque tipifica y sanciona el acoso y la violencia política contra las mujeres, así como por razones de género y cómo esto afecta el ejercicio de sus derechos.
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