El equipo, encabezado por la jueza jubilada del Tribunal de Apelaciones Judith Jones, detectó casos de prostitución infantil por narcóticos, iniciaciones de violación en grupo, viajes secretos de infantes con adultos no aprobados y permanencia en las casas de antiguos miembros del personal de servicio.
De acuerdo con la Corporación de Medios del Caribe, la ministra de Asuntos de Género e Infancia de Trinidad y Tobago, Ayanna Webster-Roy, condenó el fenómeno y dijo estar desconsolada frente a tales actos en instalaciones encargadas de proteger a los niños de la nación.
El también llamado “Informe Jones” denuncia que la legislación vigente facilita el trato desigual a los niños en las residencias comunitarias, donde además se incumplen muchos de los requisitos legales ya establecidos para este tipo de centros.
Como propuesta para subsanar la situación, el documento propone rediseñar las organizaciones encargadas de la niñez en el archipiélago y el desarrollo de estándares claros y medibles para quienes interactúan con menores de edad en la ejecución de la Estrategia Nacional de Protección Infantil.
También exigen tener en cuenta la proporción de cuidadores por niño en las residencias comunitarias y los centros de apoyo a la niñez, la formación del personal de seguridad y el establecimiento de un Comisionado de Infancia, quien podría expedir, suspender y revocar licencias.
El gabinete trinitario acordó el nombramiento de un grupo de trabajo interinstitucional para asumir las recomendaciones de la investigación.
Según informa el periódico local Nation News, la comisión comenzará sus sesiones este 4 de mayo con un plazo disponible de seis semanas.
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