Representantes del Ejecutivo del presidente Gabriel Boric, del Ministerio del Interior y de varios gremios de transporte de carga sostuvieron un encuentro la víspera para acordar los detalles del convenio de siete puntos que terminó con jornadas de protestas y bloqueos en importantes carreteras del país.
El resultado más relevante de la cita es el compromiso gubernamental de crear las bases legales para la proclamación, cuando sea necesario, de un Estado de Protección y Resguardo de las Vías y las Rutas.
De acuerdo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ese estado estaría dirigido a garantizar la seguridad en las carreteras del país y será dirigido por autoridades civiles, que según la situación podrían coordinar acciones con las militares.
Monsalve insistió en que el Estado de Protección y Resguardo no tiene puntos de contacto con el Estado de excepción que reconoce la Constitución porque su implementación no requerirá suprimir temporalmente libertades como la de reunión o libre tránsito.
“(…) es un estado de protección y resguardo de las vías y las rutas, ya sea porque hay graves alteraciones a la seguridad o para garantizar el libre tránsito por ellas”, apuntó el representante gubernamental.
Por su parte los gremios de transportistas destacaron el acuerdo como un paso importante para sus reclamos de seguridad y otras garantías laborales.
Además del futuro Estado de Protección y Resguardo en las negociaciones fueron discutidas medidas como el aumento de la presencia policial y sus capacidades en vías importantes para el transporte de carga, y asesoramiento y cuidados a víctimas de violencia.
Las demandas de seguridad que dieron lugar al paro responden a enfrentamientos entre la etnia mapuche y camioneros y empresas forestales y mineras con actividades en territorio reclamados por ese pueblo originario como herencia de sus ancestros.
La región sur del país, rica en esos recursos, es el territorio histórico mapuche, sometido por la fuerza a finales del siglo XIX en la llamada Pacificación de La Araucanía, considerada por historiadores como un acto de genocidio.
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