De acuerdo con ese ente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las cuatro víctimas eran comerciantes quienes salieron desde lstmina y viajaron hasta Charco Largo en el municipio de Sipí para vender sus productos y fueron secuestrados por un grupo armado a inicios de mayo.
Ahora se conoció que fueron asesinados y se presume que los cuerpos de las cuatro personas están en inmediaciones de Nóvita, otro municipio del mismo departamento, señaló.
Se trata de la masacre número 38, de acuerdo con las cifras que compila el Observatorio de Indepaz, sobre la base de informaciones procedentes de diversas fuentes.
Colombia vive una espiral de violencia cuyo blanco principal son los líderes sociales y los exguerrilleros en proceso de reincorporación, exacerba en el actual contexto electora por un supuesto “paro armado” impuesto por la estructura narcoparamilitar conocida entre otros nombres, como el Clan del Golfo.
El paro, que varios internautas prefieren llamar acciones de terror, comenzó luego de la extradición a Estados Unidos del cabecilla del Clan Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se conoce a la organización criminal, impuso un «paro armado» en Antioquia, Atlántico, Córdoba, Chocó, Bolívar, Magdalena y Sucre.
Según un comunicado de la Corporación Jurídica Libertad, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la labor de líderes y personas defensoras de derechos humanos de Antioquia, las personas se encuentran afectadas por el cierre del comercio.
Además, por la prohibición del libre tránsito de las comunidades, quienes se encuentran confinadas al no poder salir de sus viviendas y en el caso del transporte terrestre y marítimo quedó prohibida toda circulación, además, los miembros del clan incendiaron vehículos.
La Oficina en Colombia de la Representante Alta Comisionada de los derechos Humanos de la ONU manifestó que sigue con preocupación la situación en las citadas demarcaciones.
«Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los derechos de la población civil. Instamos al Estado a tomar medidas oportunas de protección y garantía de los derechos de las comunidades afectadas, especialmente en zonas rurales», señaló.
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