Desde 2019 investigaciones policiales identificaron a 32 personas, de holgada posición económica que pedían a adolescentes, en su mayoría de hogares pobres, vulnerables, realizar actos sexuales o eróticos a cambio de retribución, regalos y paseos.
Para facilitarlo se valían de redes digitales organizadas para acceder a apartamentos dedicados a encuentros, lo que también salió a relucir en una carta escrita por una de las víctimas, antes de suicidarse y que desencadenó la Operación Océano.
Después de un complicado proceso de más de dos años, con interrupciones por la pandemia de Covid-19 e impugnaciones, argucias y arreglos de abogados defensores, el fiscal general de Corte, Juan Gómez, aseguró que “se hizo lo correcto” sobre los resultados de este proceso.
Gómez detalló que de las 20 personas responsabilizadas por los delitos, nueve ya cuentan con una sentencia condenatoria por un procedimiento abreviado que requirió que el imputado debiera reconocer los hechos, y cinco de ellos cumplen prisión efectiva.
Los restantes 11 van a juicio oral y público, y para quienes la Fiscalía requirió de uno a siete años de penitenciaría.
A esto se le suma que en todos los casos, se previó la retribución a las 20 víctimas del pago por los imputados y condenados a 12 salarios y se les prohibió también cualquier actividad vinculada con niños o adolescentes.
Respecto a los 13 sobreseimientos, aclaró que si bien existían evidencias que las vinculaban con ese hecho, luego de un estudio pormenorizado se llegó a la conclusión que no permitían llegar a un juicio oral y público con la posibilidad de ganarlo.
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