El fiscal especializado Carlos Negro afirmó que los referidos delitos, principalmente vinculados a la adicción y el narcotráfico, se incrementaron por día tal como reconoció el Ministerio del Interior.
Tales crímenes por problemas de consumo fueron casi el 50 por ciento de los homicidios y en el primer trimestre de 2022 aumentaron un 33 por ciento respecto al mismo período del año anterior.
La inseguridad pública derivada alcanzó a los entornos escolares, de acuerdo con la Asociación de Maestros (Ademu) que reclamó acciones de autoridades pertinentes ante frecuentes hurtos, rapiñas, vandalismos y balaceras vecinales en horarios de entrada y salida de escuelas, denunciados por docentes.
Una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana indicó que la sensación de inseguridad se reflejó en un 45 por ciento de los consultados, quienes afirmaron que aumentó o se mantuvo como antes, 38 consideró que la realidad continúa igual de insegura y solo 14 por ciento cree que disminuyó.
La entidad constató a su vez que la aprobación del ministro de la cartera, Luis Alberto Heber, cayó a un 19 por ciento en un año de desempeño, en tanto un 38 por ciento manifestó no tenerle nada de confianza.
Según adelantó el senador por el Frente Amplio Enrique Rubio, la bancada partidaria buscará un régimen de Comisión general para discutir sobre el tema de inseguridad pública y convocar al ministro.
En paralelo escenario, 25 diputados frenteamplistas suscribieron una acción de nulidad del acuerdo por el que el gobierno concedió a la multinacional Katoen Note el monopolio de la terminal de contenedores de Montevideo hasta 2081.
Así siguieron los pasos de senadores de la misma fila política quienes en octubre pasado denunciaron en fiscalía presunto acto delictivo en un pacto de esa índole que requiere la aprobación parlamentaria por votación especial de dos tercios.
El secretario general del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo, culpó al monopolio otorgado a Kaoten Natie de la actual crisis con la firma competidora Montecon que anunció el despido de 150 trabajadores y una rebaja salarial del 50 por ciento a los empleados que permanezcan en plantilla.
La gremial, por su sigla Supra, obtuvo de la empresa una postergación por 90 días de lo dispuesto, pero mantuvo el paro en pos de soluciones de garantías, debido a la determinación patronal de cesantear a empleados con perjuicios para sus respectivas familias.
Al mismo tiempo manifestó desconfianza en una propuesta para destrabar el conflicto que presentó durante una reunión el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, consistente en un subsidio al personal afectado del 70 por ciento del salario durante un año.
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