El recordatorio lo hizo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México conformado por más de 80 colectivos de 22 estados nacionales y de tres países de Centroamérica, tomando precisamente como fuente el Registro.
Colectivos de búsqueda denunciaron que esa cifra es poco precisa pues, con base a su propia experiencia hay una importante y diversa cantidad de casos no considerados dentro del registro, de lo cual advierten a las autoridades del gobierno encargadas de ese tema.
El movimiento les propuso poner en marcha una política pública de búsqueda en vida, aunque en ese sentido la Secretaría de Gobernación ha presentado decenas de personas encontradas con vida.
Sin embargo, insisten en que, además de las tareas de identificación, que son muy complejas, realicen acciones concretas de colaboración entre las entidades y la federación para la sistematización, concentración, y administración de bases de datos e información que se encuentra en diferentes espacios forenses y de investigación.
Consideran debe ser una colaboración entre el Estado mexicano, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto precisamente tomando como bases las cifras dadas por el Registro Nacional al día de hoy, aun cuando se sabe que esa cantidad se queda corta.
Recuerdan en un largo comunicado que el movimiento ha realizado una ardua labor para impulsar marcos legales, políticas públicas e iniciativas que puedan garantizar encontrar a los seres queridos. Algunas familias llevan décadas en la búsqueda, señalan.
Exhortaron al gobierno a atender el escrutinio del Comité Contra las Desapariciones Forzadas, adoptar cada una de las recomendaciones hechas en su informe de abril.
Entre ellas, convocar a una mesa de trabajo con todas las instituciones relevantes en la materia, familias de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes para establecer un plan concreto y específico de implementación.
Además, la búsqueda de personas desaparecidas debe acompañarse de un enfoque diferenciado que considere y contemple a las personas migrantes, mujeres, y niñas niños y adolescentes.
Advierten que la impunidad predomina en la mayoría de los casos de desaparición lo cual incide en que las cifras sigan creciendo, y responsabilizan a la Fiscalía General de la República y locales como principales deudoras ante las familias de desaparecidos.
Proclaman que es urgente que esas instituciones, bajo el impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de los gobernadores, asuman sus responsabilidades de forma cabal en materia de búsqueda e investigación, y trabajen concertada y firmemente con las familias y otras autoridades para avanzar en la verdad y justicia.
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