La Tercera Fiscalía de Lima llamó a declarar mañana al encarcelado exgobernante, a quien abrió una investigación por el asesinato de la joven periodista Melissa Alfaro, víctima de un sobre-bomba enviado a la revista Cambio, donde trabajaba, por elementos del destacamento militar ilegal Grupo Colina, en 1991.
Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos dos matanzas de sospechosos de terrorismo, perpetradas por el citado grupo, en una acción de terrorismo de Estado ejecutada bajo su administración (1990-2000).
Los jueces quieren interrogarlo también por la muerte de Víctor Ruiz León, y los intentos del Grupo Colina de asesinar al dirigente de izquierda Ricardo Letts y al activista Víctor Ruiz León.
Sin embargo, es casi seguro que no podrá declarar ante la Fiscalía, pues el viernes último fue trasladado de la cárcel exclusiva que lo alberga a un hospital por sufrir de taquicardia.
En el caso está involucrado el brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, también preso por graves crímenes.
Montesinos está a punto de ser juzgado, al igual que el exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional Julio Salazar Monroe, y el exjefe de las Fuerzas Armadas Pedro Villanueva.
De otro lado, la hija mayor de Fujimori, Keiko, quedó lista para ser juzgada, luego que el fiscal completó la acusación y declaró que tiene pruebas de los cargos de lavado de activos, pertenencia a una organización criminal y obstaculización a la justicia.
La acusación se refiere a fondos millonarios recibidos ocultamente por la Keiko o sus representantes, de grandes empresas y que, según testigos presentados, intentó, junto a su entorno político, disfrazar de muchas contribuciones de falsos aportantes.
Por otra parte, la Sala Penal de la Corte Suprema convocó para el miércoles próximo a una nueva audiencia del juicio contra el menor de los Fujimori, Kenji, por tráfico de influencias y cohecho.
El acusado ofreció en diciembre de 2017 prebendas a varios congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular, para evitar la vacancia (destitución) del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, a cambio de que este indulte a Fujimori padre.
Kuczynski se salvó así de la vacancia e indultó al exgobernante el 24 de diciembre de de 2017, aunque posteriormente la medida fue anulada por el Poder Judicial, que la declaró ilegal.
Tras revelarse la maniobra, Fuerza Popular difundió grabaciones furtivas de audio en las que Mamani y sus hoy co-inculpados, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, ofrecían a legisladores fujimoristas prebendas a cambio de que no voten por la vacancia.
Ante el escándalo, Kuczynski renunció a la presidencia en marzo de 2018 y tiene pendiente una investigación por negocios indebidos de décadas atrás, cuando era ministro del gobierno neoliberal de Alejandro Toledo, quien a su vez está a punto de ser extraditado desde Estados Unidos por corrupción.
Está pendiente por otra parte una investigación por supuesto lavado de activos, de fondos producto, según hipótesis fiscal, del dinero de la corrupción del padre, en la constitución y desarrollo de una empresa de logística de los hijos de Fujimori Sachi, Hiro y Kenji.
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