El Congreso de la República recibió el viernes último un informe de la Contraloría General que sostiene que Boluarte habría incurrido en una infracción constitucional al firmar documentos públicos como presidenta del club Apurímac, que agrupa a los residentes en esa, su región de origen.
Boluarte es, al mismo tiempo, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y la Constitución prohíbe a los titulares como ella otras actividades, incluyendo la de dirigir o gestar asociaciones privadas.
De inmediato, la conservadora presidenta del parlamento unicameral, Maricarmen Alva, convocó al Consejo Directivo, integrado por la dirigencia congresional y los representantes de todas las bancadas y, si bien la agenda no se ha precisado, se da por descontado que tratará el caso Boluarte.
Juristas opositores de derecha, como Óscar Urviola y Natale Amprimo, coincidieron en sostener que el órgano legislativo puede declarar que Boluarte violó la carta magna e inhabilitarla para ejercer cargos públicos hasta por 10 años,en un proceso de dos a tres meses.
Sin embargo, el constitucionalista Omar Cairo señaló que esa sanción sería desproporcionada por cuanto la infracción la cometió como ministra y no afecta el cargo para el cual fue elegida. De ser inhabilitada, el Poder Judicial anulará la medida, aseveró.
Sectores de extrema derecha que tienen en su agenda permanente destituir al presidente Pedro Castillo u obligarlo a renunciar, por sus errores o limitaciones, pero además quieren la salida de Boluarte, para habilitar como sucesor a quien presida del Congreso.
De esa manera, la Presidencia de la República pasaría a manos de Alva o a quien la reemplace en el cargo, si no fuera reelecta en julio próximo y la administración de Castillo cesaría totalmente.
Tal situación, según diversos análisis, podría generar protestas sociales, sobre todo en el interior del país, por el gran rechazo popular al Congreso, de más de 80 por ciento.
Entretanto, el nombramiento de nuevos ministros del Interior, de Energía y Minas, de Transporte y Comunicaciones y de Energía y Minas, realizado sorpresivamente, generó diversas reacciones, sobre todo de inconformidad, en el caso de la derecha parlamentaria, que exige la sustutución del primer ministro Torres.
El diario La República apuntó al respecto que la mayoría parlamentaria se opone a la continuidad de Torres en el cargo -por su discurso político intenso, entre otros motivos- pero no se atreve a censurarlo (destituirlo).
Ello debido a que de ser el primer ministro censurado, con él tendrían que renunciar también todos los integrantes del gabinete ministerial y, de repetirse la situación, el presidente Castillo quedaría constitucionalmente facultado para disolver el Congreso hegemonizado por la oposición.
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