La política impuesta en 2020, con el pretexto de evitar la propagación de la Covid-19, es actualmente uno de los mayores quebraderos de cabeza de la actual administración liderada por Joe Biden.
Pese a sus promesas de campaña relacionadas con la inmigración, el actual jefe de la Casa Blanca decidió en un principio mantener el Título 42, hasta que el pasado mes de abril anunció que suspendería la medida este 23 de mayo.
Esa fue una sugerencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a partir de la disponibilidad de vacunas eficaces para enfrentar la Covid-19.
Sin embargo, Arizona, Luisiana y Missouri entablaron demandas para mantener en vigor la polémica política y posteriormente se le sumaron otros 20 estados más, en su mayoría controlados por republicanos.
En respuesta a las demandas, el pasado viernes, el juez federal Robert R. Summerhays, del Distrito Occidental de Luisiana, impidió levantar la orden, con lo cual prosigue la devolución de indocumentados al amparo de la mencionada disposición.
El fallo supone nuevos retrasos para miles de personas que esperan una oportunidad de buscar refugio en Estados Unidos, pero evita una posible crisis en la frontera al dar a la administración más tiempo para poner en marcha su plan de manejar el gran número que se espera, comentó el diario The New York Times.
El ejecutivo anunció que apelaría, aunque probablemente esté aliviado porque no estaba preparado para abandonar la norma, dijo Wayne Cornelius, director emérito del Centro de Estudios Comparativos de Inmigración de la Universidad de California en San Diego.
Es decir, a Biden en parte le convino la decisión judicial porque de agravarse la crisis fronteriza, sufriría un costo político alto en un momento en que llueven los problemas domésticos e internacionales y al mandatario le urge mostrar que, al menos, es capaz de ordenar la migración.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, desde que entró en vigor la normativa dos millones de personas fueron expulsadas automáticamente, o sea, sin darles la oportunidad de solicitar asilo, aunque es un derecho según las leyes estadounidenses y los tratados internacionales.
El caos que eso genera en las ciudades mexicanas fronterizas es considerable y conocedores del tema advierten que el Título 42, considerado un medida cruel e inhumana, no conseguirá frenar la llegada de migrantes.
El mes pasado creció la polémica cuando las autoridades empezaron a otorgar excepciones a ucranianos en la frontera, lo cual incomodó debido a que otros inmigrantes de América Central y Haití, por ejemplo, eran deportados.
El doble rasero de la política migratoria estadounidense se aplica también a los cubanos, que por un lado son aceptados en la frontera para iniciar sus procesos legales de residencia en la nación norteña y por otro Washington aplica una política de asfixia económica hacia Cuba (el bloqueo) y estimula la migración irregular.
El Título 42 es selectivo, afecta principalmente a ciudadanos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes en muchos casos llevan meses y hasta años en localidades mexicanas a la espera de poder cruzar hacia Estados Unidos.
En general, en las últimas semanas las críticas al ejecutivo llegan tanto de republicanos como de demócratas, que alegan falta de preparación para lidiar con el flujo migratorio.
El actual gobernante estadounidense no sólo heredó los problemas del Título 42, sino los de otra política migratoria conocida como Quédate en México, también implantada por Trump para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en la nación vecina mientras se desarrollan sus procesos.
El mandatario dice estar a favor de acabar con ese programa, pero en estos momentos la Corte Suprema revisa la decisión tras demandas de algunos estados.
Estadísticas oficiales indican que las cortes estadounidenses acumulan alrededor de 1,7 millones de casos migratorios pendientes, un problema viejo, pero que se ha acelerado desde el comienzo de la llegada del madatario demócrata al Despacho Oval.
Entretanto, activistas denuncian maltratos y condiciones deficientes en los centros de detención y critican al presidente Biden por ser incapaz de materializar sus promesas de campaña de un trato más humano hacia los inmigrantes e insiste en una visión racista y xenófoba.
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