De acuerdo con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, la región enfrenta una gran incertidumbre y fuertes riesgos de decrecimiento, de ahí la propuesta de extender la cláusula de salvaguardia general, de manera que los países del bloque puedan actuar rápidamente.
En conferencia de prensa alertó que frente a esta decisión la política fiscal deberá ser prudente en 2023, y mantener controlado el crecimiento del gasto corriente primario financiado con fondos públicos.
Las reglas presupuestarias, denominadas como Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se establecieron en 1997 con el fin de poner límites para el gasto público, déficit y deuda con relación al Producto Interno Bruto (PIB) de cada país.
En el caso del gasto público se prevé que este sea de 3,0 por ciento del PIB de cada economía, mientras el tope para la deuda es 60 por ciento, aunque debido a la pandemia de Covid-19 su aplicación quedó suspendida desde el 2020.
La extensión de esa medida refleja la preocupación de la UE por el probable retroceso económico ante la agudización de la crisis por la continuidad de los elevados precios de la energía y los persistentes problemas en las cadenas de suministro.
Hace una semana la UE recortó su previsión de crecimiento del PIB para 2022 de 4,0 a 2,7 por ciento.
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