En declaraciones este jueves en el Parlamento, el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, dijo que el gravamen será del 25 por ciento y permitirá recaudar alrededor de cinco mil millones de libras esterlinas (unos seis mil 200 millones de dólares) durante el año próximo.
El funcionario recalcó que el impuesto será excepcional y se eliminará una vez que los precios de los combustibles vuelvan a normalizarse.
El gobierno conservador liderado por el primer ministro Boris Johnson había rechazado hasta ahora una propuesta de los laboristas para gravar las ganancias extraordinarias de las trasnacionales petroleras y utilizar esos fondos para ayudar a las familias de más bajos ingresos a lidiar con el reciente aumento del 54 por ciento de la factura energética.
Johnson argumentó en más de una ocasión que el impuesto podía desalentar a esas compañías a invertir en proyectos de energía renovable, por lo que el cambio de parecer un día después de que un informe oficial reavivó el escándalo por las fiestas celebradas en Downing Street durante la cuarentena por la Covid-19, hizo pensar a muchos que el gobierno trata de desviar la atención sobre el ´partygate´.
Los laboristas abogamos por el impuesto porque era lo correcto, pero los conservadores decidieron aplicarlo ahora porque necesitan titulares (en la prensa), afirmó la diputada Rachel Reeves, quien se desempeña como contraparte de Sunak en el llamado gabinete a la sombra (opositor).
Según explicó el ministro de Hacienda, el nuevo paquete financiero con el que se pretende amortiguar el impacto de una inflación que se acerca al 10 por ciento, representará un desembolso de 15 mil millones de libras (19 mil millones de dólares) para el Estado.
Entre las medidas anunciadas están la entrega de 650 libras (815 dólares) por una única vez a las familias de menos ingresos y un descuento anual de 400 libras (500) sobre la factura energética para todos los hogares del país.
Las personas discapacitadas y los pensionados también recibirán ayuda monetaria adicional.
La crisis del costo de la vida en el Reino Unido, que el gobierno achaca al incremento del precio global de los combustibles y al impacto de la guerra ruso-ucraniana, se acrecentó en abril con la entrada en vigor de un aumento del 54 por ciento de la tarifa de electricidad y gas para millones de hogares británicos.
El ente regulador de la energía alertó a principios de esta semana que el pago anual por esos servicios, que ahora promedian unos dos mil 400 dólares, podría superar los tres mil 500 dólares a partir de octubre, para cuando está previsto que se apruebe el nuevo tope tarifario.
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