Según el informe extraoficial, la indagación a Lilia Paredes por posible delito contra la administración de Justicia se debe a que no respondió el interrogatorio de la fiscal de Lavado de Activo Luz Taquire, ante quien compareció el 13 de mayo último.
La esposa del mandatario fue citada como testigo e interrogada sobre las afirmaciones de la empresaria lobista (gestora de intereses privados) Karelim López, sobre la supuesta existencia de una organización corrupta integrada por parientes Castillo y Paredes.
Las imputaciones de López incluyen a Castillo y Paredes, por ser su esposa, no estaba obligada a declarar, pero la fiscal Taquire sostiene que debió alegar ese motivo ante cada pregunta, en lugar de negarse a declarar antes del iniciarse el interrogatorio, como hizo.
La defensa de la indagada sostiene que lo fundamental es que ejerció su derecho a no declarar.
De otro lado, el juez Manuel Chuyo ordenó el impedimento de salida del país por cuatro meses para Rubdel Oblitas Paredes, sobrino del mandatario, también incriminado por López.
La medida judicial fue tomada para garantizar su presencia para los interrogatorios y otras diligencias de la investigación por la que Paredes no pudo ser interrogada.
En el caso están también investigados otros dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, y el primero está prófugo y pesa sobre él un dictamen de prisión preventiva por 24 meses.
El presidente Castillo es constantemente acusado por la oposición política y mediática de corrupción y ayer volvió a rechazar las imputaciones y dijo que, aunque quieran investigarlo o vincularlo con hechos de corrupción, “jamás encontrarán que haya tocado un solo centavo del país”.
Hizo la declaración en el contexto de insistentes trascendidos de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, comenzará a investigarlo, descongelando las pesquisas que su antecesora, Zoraida Ávalos, abrió meses atrás, pero al mismo tiempo suspendió hasta el fin del mandato del presidente.
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