Un juez de distrito, en Yucatán, dictó ayer una suspensión definitiva de la obra en favor de la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano AC, con sede en Cancún, que defiende al capital extranjero, denunció.
En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, anunció que van a seguir el asunto legal y actuar mediante una apelación o se acudirá a otra instancia judicial.
Dicho amparo, señaló, no tiene fundamento y detrás de ello están los intereses de la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la estadounidense Legacy Vulcan, y otras más.
Manifestó confianza en que el proyecto continúe pues, en primer lugar, la parte imputada es el Tramo 5, que es precisamente donde está el dinero de esas empresas opositoras.
«Ya sabíamos que había mucho tiburón por acá, pues se ubican en las zonas compañías que han dañado el medio ambiente como Grupo Xcaret y Calica, extrayendo materiales», dijo.
Explicó que la construcción de ese ferrocarril es parte de los planes para desarrollar económica y socialmente el sur-sureste de México, la región más pobre del país, y evitar la emigración que sale fundamentalmente de esa región.
El mandatario denunció que quienes han tramitado los amparos contra el Tren Maya no son los propietarios, campesinos, ejidatarios ni pequeños propietarios «son seudo ambientalistas».
Reveló que el empresario Claudio X González, líder de un movimiento contra el ejecutivo disfrazado de organismo de la sociedad civil, es financiado por el Gobierno de Estados Unidos y afirmó que, a pesar de la demanda del su administración, la embajada de Estados Unidos no deja de financiarlo. Expresó que «el embajador Kent Salazar es su amigo, lo cual no quita que lo demande por estar entregando dinero desde su embajada a esa persona y eso es injerencismo inaceptable».
¿Cómo un gobierno extranjero va a estar financiando a un grupo opositor para que actúe abiertamente contra el gobierno?, se preguntó.
Reiteró que el tren va de todas maneras y acudirá a otra instancia para que no proceda el amparo otorgado por ese juez, pues es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra y son financiados por grandes empresas y gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, insistió.
Ahora la inversión pública, dijo, se orienta hacia el sur-sureste, sin dejar las del norte, pero el Tren Maya significa 250 mil a 300 mil millones de pesos, y la refinería de Dos Bocas otro tanto, en total más de 500 mil millones de pesos (25 mil millones de dólares a 20 pesos por billete verde), y esto es lo primero, indicó.
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