Según informó este martes la ministra del Interior, Priti Patel, las primeras personas que serán enviadas al país africano están siendo notificadas de manera formal, aunque admitió que podría haber retrasos debido a la acción legal de grupos defensores de los derechos humanos.
Sabemos que se intentará frustrar el proceso y retrasar las deportaciones, pero no me dejaré disuadir y seguiré comprometida con la aplicación de lo que espera la población británica, aseveró la funcionaria, en alusión a la reforma del sistema de asilo iniciada por el gobierno conservador.
Como parte de esos cambios, Londres anunció en abril pasado que llegó a un acuerdo con el gobierno ruandés para que acoja a los migrantes llegados de forma irregular al territorio británico.
El esquema contempla el aporte de 120 millones de libras esterlinas (unos 127 millones de dólares) para ayudar a Ruanda a cubrir los gastos de atención a los refugiados.
Más de 160 organizaciones benéficas, humanitarias y religiosas británicas, además de varios diputados opositores y no pocos conservadores exigen al gobierno que dé marcha atrás al proyecto, por considerarlo inhumano.
La mayoría de sus críticos cuestionan además la legalidad, funcionalidad y eficacia del plan ideado por Londres para tratar de frenar la ola de migrantes que cruzan el canal de La Mancha en busca de mejores oportunidades.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también acusó al gobierno británico de pretender “exportar” sus obligaciones de brindar asilo, y lo instó a desechar la idea.
El primer ministro Boris Johnson se niega, sin embargo, a escuchar las críticas, y aseguró estar listo para luchar en los tribunales contra los abogados ´izquierdistas´ que se oponen a sus planes.
En declaraciones recientes al tabloide Daily Mail, Johnson dijo que está dispuesto incluso a ir en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la cual el Reino Unido es signatario, con tal de desestimular el cruce de migrantes a través del canal de La Mancha.
Según datos extraoficiales, el año pasado, más de 28 mil personas llegaron a la costa sur de Inglaterra procedentes en su mayoría del norte de Francia, mientras que de enero pasado a la fecha suman ya más de ocho mil.
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