Por Anelí Ruiz García
Corresponsal de Prensa Latina en Haití
La crisis de Haití no es nueva, ya pasó por décadas de inestabilidad política, intervención militar extranjera, desastres naturales, masivos ciclos de protestas, inseguridad y recientemente un magnicidio, y aunque los sectores coinciden que urge un acuerdo nacional, el consenso aún es letra muerta.
Tanto el Gobierno como la oposición proponen diversas maneras para solucionar la situación actual, algo que marca a la política nacional desde la caída de la férrea dictadura de Jean Claude Duvalier en 1986.
Si para el primer ministro Ariel Henry -nombrado solo dos días antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, y sobre quien pesan sospechas de implicación-, la solución pasa por elecciones, para su principal fuerza contraria, los firmantes del Acuerdo Montana, es necesaria una transición de al menos dos años.
Esto y cómo debe estar encabezado el Gobierno son dos de los desacuerdos entre estas franjas que se reparten las principales plataformas políticas del país.
Para expertos, el Gobierno de Henry carece de legitimidad, al ser el único poder que funciona en el país. El Parlamento perdió a todos sus diputados y a dos tercios de los senadores hace dos años, mientras la Justicia carece de corte suprema, y los mandatos de los jueces penden de un hilo por la falta de renovación.
A esto se suma que el primer ministro, a punto de cumplir un año en el cargo, no puede hacer frente a la grave crisis de seguridad, avanzar en la investigación del magnicidio o llegar a un acuerdo nacional, sus pilares declarados tras la asunción del poder en julio pasado.
“Este Gobierno no tiene legitimidad a nivel nacional para tomar una iniciativa que pueda permitir solucionar la crisis actual”, dijo a Prensa Latina el analista político y economista Jean Jores Pierre, y subrayó que las propias autoridades entorpecen las iniciativas de diálogo.
DIÁLOGO ESTANCADO
El 20 de julio, al asumir su cargo, Henry se comprometió a mantener las reuniones con los sectores, alcanzar un acuerdo inclusivo, y reconoció la grave situación del país.
“Hay un contexto de polarización extrema entre los sectores, pero es necesario una solución durable”, dijo el neurocirujano de postura moderada, con vínculos con los partidos centristas y que antes tuvo experiencia gubernamental bajo la administración de Michel Martelly (2011-2016).
Pese al impulso inicial y sus reuniones con plataformas políticas, de la diáspora, empresariales y otras, el principal desencuentro fue con los signatarios del Acuerdo Montana, nacido en agosto de ese mismo año y al que se unieron centenares de organizaciones.
El Montana es resultado de una serie de discusiones, debates, acciones de movilización y concientización realizados en el país, que buscaba una reflexión colectiva sobre la situación nacional y que cuenta con más de 900 firmantes.
Cinco meses después esta fuerza eligió al economista Fritz Jean como presidente de un eventual Gobierno de transición y al exsenador Steven Benoît para asumir el puesto de primer ministro, aunque ambos sin poder real. Los sufragios trasmitidos en vivo a través de las redes sociales paralizaron la tímida reanudación del diálogo entre las partes.
“En Haití la gran mayoría de los partidos y líderes políticos no aprueban la manera en que el Gobierno gestiona lo político y en un fututo mediano la situación de inseguridad va a seguir empeorando porque no podrán organizar elecciones”, aseguró Pierre, quien integra la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo.
CRISIS INSOSTENIBLE DE INSEGURIDAD
Si los más de 20 gobiernos tras la dictadura (1957-1986), encabezados por presidentes electos o provisionales, militares, consejos interinos, o administraciones de transición, no fueran suficientes, el país lleva años sumido en una espiral violenta que no pudo ser contenida por el ejército de la ONU con presencia en el territorio nacional por 13 años.
De hecho, la salida en 2017 de la Misión de la ONU para la Estabilidad precipitó la crisis de inseguridad y permitió el crecimiento de las pandillas armadas que controlan actualmente casi el 60 por ciento del territorio nacional.
Con unos 16 mil agentes, el cuerpo policial parece insuficiente para contener al centenar de bandas que operan en Haití, la mayoría en la periferia de su capital, y cuyos regulares enfrentamientos provocan el desplazamiento de decenas de miles de personas y cientos de fallecidos y heridos.
El 1 de junio se cumple un año de los choques hostiles en la salida sur de Puerto Príncipe por los cuales más de 20 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares, y decenas murieron en el fuego cruzado de las bandas.
Desde entonces la entrada sur de la capital es prácticamente inaccesible, con tiroteos, asesinatos y secuestros frecuentes, pese a ser la vía terrestre más directa para llegar a los cuatro departamentos meridionales.
Y a finales de abril se desató otra guerra en el extremo norte de la capital que dejó 188 muertos, 92 de ellos civiles, 113 heridos, 12 desaparecidos, y numerosas casas, escuelas y otras instituciones incendiadas, según un balance de Naciones Unidas.
El Gobierno ya solicitó asistencia de Estados Unidos para fortalecer a la Policía, y coquetea con una posible intervención militar, según sugirió el excanciller y actual embajador de Haití en Washington, Bocchit Edmond, al señalar que las fuerzas del orden por sí mismas no son capaces de combatir a las pandillas.
Es en este contexto en el cual las fuerzas políticas no llegan a un acuerdo, mientras la clase rica migra a destinos cercanos como Estados Unidos y República Dominicana, en este último invirtieron más de 250 millones de dólares en los últimos meses.
Con una economía en picada, inestabilidad política e inseguridad, el consenso es la única solución, aunque expertos apuntan que puede tardar en llegar.
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