El documento regula la organización administrativa pública vinculada al transporte eléctrico, las competencias institucionales y su estímulo, y dispone exoneraciones impositivas, incentivos y normas de políticas para el uso de este sistema como transporte de energía limpia.
La normativa establece que la autoridad responsable de su aplicación es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Minas y Energía.
Además, exonera por 10 años el impuesto a la importación de los vehículos de este tipo y de los elementos relacionados a la carga.
Los parlamentarios aprobaron el proyecto de ley a pesar de informes negativos ofrecidos por especialistas en los que afirman que los costos de adquisición de estos vehículos superan en un 25 por ciento a los de otros de la misma gama que no son eléctricos.
Sin embargo, los legisladores ven en este sistema de transporte una salida a la dependencia de los combustibles fósiles, cada vez con mayores precios en el mercado internacional, además de apostar por la sostenibilidad ambiental.
Tras su aprobación el proyecto de ley “De incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay” fue remitido al Poder Ejecutivo.
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