El secretario general del organismo, Robinson Pierre-Louis, señaló a la prensa que el momento no es adecuado para implementar el código pues faltan los mecanismos necesarios para que pueda cumplirse.
A finales de mayo el Colegio de Abogados de Puerto Príncipe se reunió para discutir la ley, y concluyó que para su entrada en vigor era necesario la creación de instituciones penales y un debate mayor con los actores judiciales.
Igualmente, argumentaron que ciertas normas insertadas son perjudiciales para el orden constitucional, en particular la concesión de un poder regulador autónomo al ejecutivo en materia penal, lo cual pervierte la separación de poderes y trastorna los fundamentos del Estado de derecho, aseguraron.
Los letrados criticaron, asimismo, las semejanzas con el código penal francés en detrimento de los valores nacionales, y advirtieron que de aplicarse podría sumir al país en una nueva crisis y de debilitar aún más el sistema judicial.
La semana pasada el Gobierno designó una comisión para estudiar el código penal adoptado por decreto presidencial en 2020, luego que varios sectores pidieran aplazar su entrada en vigor.
Entre las críticas al documento figura la presunta posibilidad de amnistía a acusados de corrupción, delitos políticos y financieros, mientras que el sector religioso deploró la supuesta amoralidad del código, que despenaliza el aborto y prohíbe la discriminación por orientación sexual.
El Senado solicitó una prórroga al Consejo de Ministros y señaló que el actual contexto no resulta idóneo pues no se dan las condiciones para garantizar su implementación, al tiempo que la Asociación Nacional de Magistrados Haitianos pidió el análisis de expertos sobre las consecuencias legales del código.
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