Preguntó si es razonable alentar desde el Estado una inversión inmobiliaria focalizada y en el mar, en una declaración de rechazo emitida aquí.
SAU hizo causa común con la Intendencia de la comuna, cuyo director de Planificación, Luis Oreggioni, dijo que presenta “un fuerte peligro” para la vida comercial de la ciudad y “es perjudicial para el desarrollo montevideano”.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y el ministro de Obras Públicas, José Luis Falero, reaccionaron incómodos por la negativa a crear una isla artificial de 36 hectáreas que contaría con un puerto deportivo para 300 embarcaciones, impulsada por la empresa Jirkel SA e implicaría una inversión de dos mil 300 millones de dólares.
Pero la comunidad experta de arquitectos consideró que dicha obra no representa “una innovación”, sino más bien la copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes” y que lejos de solucionar los problemas de Montevideo, “puede empeorarlos y generar otros”.
Enfatizó en que “plantea un modelo de ciudad segregada” que tendrá «impactos ambientales, paisajísticos, de movilidad y segregación social».
Además objetó que se altere la imagen de la ciudad con un elemento distorsionante que cuestiona valores indentitarios a proteger y echa por tierra la legitima aspiración de declarar este espacio como patrimonio de la humanidad.
La entidad profesional anunció la intención de compartir con la ciudadanía interrogantes tales como si es necesario crear nuevo suelo urbano disponiendo de áreas vacantes diseminadas y quiénes son los destinatarios de futuros emplazamientos de lujos.
Preguntó si antes se necesita invertir en la recuperación de las zonas deprimidas de los barrios centrales y costeras de la ciudad existentes.
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