Los activistas, que perdieron el caso el viernes pasado ante la Corte Superior de Londres, tenían esperanzas de detener a última hora el primer vuelo con personas deportadas que tiene previsto despegar este martes hacia Kigali, pero el juez Rabinder Singh dijo que no podía interferir con el veredicto anterior.
Bajo el esquema diseñado por el gobierno británico para tratar de desalentar el flujo de migrantes a través del canal de La Mancha, los refugiados serán enviados al país africano, donde permanecerán en campamentos administrados por las autoridades ruandesas mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.
Como parte del acuerdo, Londres se comprometió a pagar a Kigali unos 158 millones de dólares.
Los grupos humanitarios, las organizaciones caritativas y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados cuestionan, sin embargo, la legalidad de una política que califican de inhumana y peligrosa.
Según el director de la institución benéfica Stand for All, Daniel Sohege, los migrantes que sean deportados solo podrán pedir asilo en Ruanda, sin derecho a regresar al Reino Unido.
Estamos llevando a personas vulnerables a miles de kilómetros de aquí, para dejarlas allá, afirmó el también especialista en derecho internacional sobre los refugiados.
Según la organización Cara4Calais, los recursos legales interpuestos por los grupos humanitarios y el sindicato de la administración pública impidieron la deportación de al menos 23 de los 31 migrantes que las autoridades de Inmigración británica tenían pensado enviar este martes a Ruanda.
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