Es solo un cambio burocrático lo que se necesita, un conjunto de ajuste triviales en el gran esquema de cosas, aseguró Johnson a la emisora LBC, horas antes de que el Ejecutivo presente al Parlamento su controvertida propuesta para revocar de formar unilateral algunas partes del documento.
El llamado protocolo norirlandés fue la fórmula encontrada por Londres y Bruselas para evitar el establecimiento de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda tras la salida definitiva del Reino Unido del bloque en 2021.
En virtud del acuerdo, todas las mercancías procedentes de Gran Bretaña deben ser sometidas a controles aduaneros y sanitarios antes de entrar a la provincia británica, para comprobar que cumplen con las regulaciones de la UE.
Los unionistas consideran, sin embargo, que además de afectar el trasiego de mercancías, el protocolo amenaza la posición de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido, y exigen su revocación o renegociación.
Para presionar a Londres, el Partido Democrático Unionista, leal a la Corona británica, y que perdió las recientes elecciones locales, se niega a cumplir con la parte del tratado de paz de 1998 que lo obliga a compartir el gobierno con los republicanos del Sinn Fein.
El bloqueo político impide la formación del Ejecutivo regional y el funcionamiento de la Asamblea local, con lo cual se pone en peligro la estabilidad en Irlanda del Norte, que es la baza que juega ahora Johnson para presionar a la UE a que acepte la modificación del protocolo.
La primero que tenemos que hacer es asegurarnos de proteger el equilibrio de los Acuerdos del Viernes Santo, recalcó este lunes el gobernante conservador.
Bruselas reiteró este lunes por intermedio del canciller de Irlanda, Simon Coveney, y del vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic, su oposición a los planes de Londres de enmendar el documento de forma unilateral.
Tras conversar este lunes por separado con canciller británica, Liz Truss, ambos funcionarios de la UE alertaron que la acción por parte de Londres dañaría la confianza mutua y atentaría contra el derecho internacional.
La oposición política británica, liderada por el Partido Laborista, y algunos miembros de la bancada conservadora, también temen que la modificación del protocolo dañe la reputación del país, por lo que insisten en buscar una solución negociada al diferendo.
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