Cosse fustigó un decreto de la Presidencia de la República que habilitó a cinco firmas privadas como operadores de cables, vinculadas a corporaciones de canales de televisión locales.
La expresidenta de Antel declaró que “somos espectadores del vaciamiento de una empresa que en la última década invirtió fuertemente en una infraestructura de primer mundo en telecomunicaciones”.
Añadió que Antel hizo posible un programa de extensa digitalización “que sacó las castañas del fuego durante la pandemia” y es lamentable “que se vuelva a una costumbre de dar a dedo como en 1992 a algunas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones”.
“Entiendo que los canales tengan problemas, que necesiten otro negocio”, comentó para referirse a problemas que les generan Netflix, HBO y otras plataformas de streaming, pero “no creo que el camino sea desmantelar empresas públicas”.
Por su parte, el director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, expresó que el decreto presidencial lo que hace es “privatizar el internet fijo” y perjudica a la telefónica estatal.
Afirmó que tal iniciativa rompe una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica.
La cuestionada decisión adelantó contenidos de un proyecto de reforma de la Ley de medios vigentes, impulsado desde el gobierno de coalición de derecha pendiente de consideración en el congreso por sus previsibles objeciones, incluido de parte del oficialismo.
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