Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, son los dos aspirantes a ocupar la Casa de Nariño por un período de cuatro años.
Ambos rompen con la racha de políticos que se disputaron la Presidencia de esta nación, actualmente envuelta en una crisis.
Los dos aspirantes llegan a esta jornada con un empate técnico, según algunas encuestas, aunque otras dan una ventaja de 10 puntos porcentuales a Petro, quien representa a los sectores alternativos y de izquierda.
Hernández, en cambio, aunque tampoco forma parte de ningún partido tradicional, es la apuesta de los sectores radicales de la derecha y llega marcado por varias acusaciones en su contra por escandalosos delitos de corrupción.
Este proceso electoral ocurre en un momento en el que el gobierno saliente es señalado por el incumplimiento del Acuerdo de Paz, el exterminio de líderes sociales y la crisis socioeconómica, de acuerdo con un informe de colectivos de Derechos Humanos.
En un balance de los cuatro años del gobierno de Iván Duque realizado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, integradas por más de 500 organizaciones sociales, advierten sobre la herencia que deja a la nueva presidencia.
El documento denominado Hambre y Guerra: El Legado del Aprendiz, señala que «el exterminio del liderazgo social ha alcanzado el nivel de un verdadero genocidio continuado, vigente e impune, y constituye una de las expresiones más dramáticas del actuar del gobierno de Duque en contra del proceso de paz».
También reseña que a lo largo del proceso de paz las víctimas de desplazamientos masivos aumentaron 675 por ciento, y el año pasado el país se ubicó nuevamente como el tercero con más desplazados en el mundo, después de Siria y la República Democrática del Congo.
Responsabilizan al gobierno de Duque por el incumplimiento del Acuerdo de Paz, la crisis humanitaria y la reactivación de la guerra por no cumplir los compromisos asumidos por el Estado con el Acuerdo para poner fin a la violencia.
«Desmontar el paramilitarismo, reformar los organismos de seguridad y dar garantías al libre ejercicio y la no represión violenta de la protesta social, son sin duda temas en los que este gobierno fracasó», subraya el texto.
Advierte que el gobierno Duque, aunque niega la existencia del conflicto armado y ni siquiera es mencionado en su Política de Defensa y Seguridad, el Comité Internacional de la Cruz Roja constata no uno, sino seis diferentes conflictos armados en el país.
Las plataformas explicaron que el inconformismo ciudadano manifestado en los últimos años tuvo un estallido en 2021 con la protesta social que fue respondida con el «uso de la fuerza de manera excesiva e indiscriminada.»
Por otro lado, el Gobierno incumplió con las metas del plan de desarrollo en materia social, y Colombia se consolidó como uno de los más desiguales de Latinoamérica y el tercero en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
«Al final del cuatrienio del gobierno de Iván Duque el país ha vivido una de las crisis humanitarias más graves en muchos años, pues regresó a una situación de violencia y precariedad social similar a la vivida por lo menos 10 años atrás, antes de comenzar el proceso de paz», aseguran.
Duque ante este escenario se convirtió en uno de los presidentes más impopulares de la historia con apenas el 20 por ciento de aprobación.
Ahora, el nuevo jefe de Estado que resulte de este proceso tiene un importante reto para transformar el país.
Si vence Petro, quien precisamente propone un «cambio por de la vida», sería un triunfo sin precedentes en la historia de la izquierda en Colombia, pero si Hernández logra la victoria, el país tendrá a un presidente que desconoce hasta la propia geografía y está aupado por sectores derechistas que se niegan a sufrir una derrota electoral.
Ambos tienen en común su experiencia como alcaldes, la diferencia en ese aspecto radica que Petro en Bogotá (2012-2015) obtuvo importantes resultados y llegó a ser reconocido como el sexto mejor alcalde en el mundo.
En tanto, Hernández, de Bucaramanga (2016-2019), arrastra varios procesos en su contra por contratos ilegales, por no pagar la pensión a trabajadores, por autofinanciar su campaña electoral, pese a estar imputado, entre otros.
Un total de 39 millones dos mil 239 ciudadanos están habilitados para participar hoy en la segunda vuelta electoral, de la cual saldrán el nuevo presidente y vicepresidenta de Colombia.
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