En una audiencia ante las víctimas y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el último comandante de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) admitió públicamente dichos actos.
«Hemos venido aquí (…) a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización», manifestó.
Aseguró que ese tipo de hechos fue «fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, al igual que en hechos y conductas calificadas y determinadas por la sala, yendo en contravía de los valores y los principios que pregonaban inspiraban nuestra lucha».
«Cómo es posible reivindicar la dignidad humana cuando la estamos pisoteando”, expresó Londoño en la audiencia que se transmite en vivo.
«Y lo más grave aún, añadió, cuando estamos generando en su entorno familiar una situación de angustia, incertidumbre que la mayor de las veces llegó a terminar con proyectos de vida, destrucción de capitales, vínculos familiares y truncar vidas que hubieran podido dar una contribución muy valiosa a la sociedad colombiana.»
Los exjefes guerrilleros Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton Toncel, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra también intervienen en las audiencias de la JEP que comenzaron esta mañana y se extenderán hasta el jueves próximo.
Para el abogado David Florez, el reconocimiento de responsabilidades que acaba de hacer el antiguo secretariado de las FARC-EP ante la JEP, es un importante gesto de reparación a las víctimas, una contribución vital a la verdad plural de lo que ha pasado en Colombia y un gran impulso a la paz total.
En una reciente entrevista ofrecida a Prensa Latina, el presidente de la JEP, el abogado Eduardo Cifuentes, explicó que en el macrocaso 01, se determinaron más de 21 mil secuestros por parte de las FARC-EP.
Dichos delitos formaron parte de una política de financiación de la guerra interna en Colombia, una forma de sometimiento de población, territorial y política para intercambio de presos, y se presentaron en ese contexto innumerables crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, añadió.
«Si reconocen la verdad, entran en una ruta restaurativa de mucha importancia que también, naturalmente, se les impone una sanción, pero distinta de la pena carcelaria como tal», precisó.
Agregó que en un tiempo de cinco a ocho años tendrán que trabajar, realizar obras para las víctimas en el contexto de planes, programas y de actividades que el Estado tiene que desarrollar justamente en esos territorios y en favor de las poblaciones más vulnerables donde se focalizó parte de la violencia en el conflicto.
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