Ayer comenzaron estos encuentros cara a cara entre las víctimas y siete miembros del último secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que reconocieron su responsabilidad en estos hechos.
Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda comparecieron en la diligencia que continuó hoy en la biblioteca Virgilio Barco.
En la primera jornada se abordó el secuestro de policías, militares y políticos para forzar el intercambio por guerrilleros presos, uno de los tres patrones encontrados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en este caso.
Hoy los comparecientes, víctimas, y representantes de la JEP, entidad nacida del Acuerdo de Paz, trataron el patrón de secuestro por las extintas FARC-EP con fines de financiamiento de la guerra.
El exministro y excandidato a la vicepresidencia, Luis Gilberto Murillo, afirmó que la audiencia pública en la JEP de los siete máximos jefes de la extinta guerrilla de las FARC ante las víctimas para reconocer sus crímenes, marca un hito en Colombia que construye una nueva nación a través del perdón, la justicia, la reparación y la paz.
Por su parte, Humberto de la Calle, quien fue el jefe de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos en los diálogos de paz celebrados en La Habana, dijo que le molesta la palabra «histórico» porque se abusa de ella.
«Pero, añadió, la audiencia hoy en la JEP merece ese calificativo. Cuántos no creyeron que las FARC harían el reconocimiento al que se comprometieron. El Acuerdo sigue su marcha», expresó.
El exministro del Interior, Guillermo Rivera, quien trabajó en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y en las normas para la implementación del Acuerdo de Paz, señaló que en Colombia «la Paz es imparable» al recordar que muchos dijeron que el reconocimiento de responsabilidad sería imposible cuando se tramitaron las reformas para que esto ocurriera.
En una reciente entrevista a Prensa Latina, el presidente de la JEP, el abogado Eduardo Cifuentes, explicó que en el macrocaso 01, se determinaron más de 21 mil secuestros por parte de las FARC-EP.
Dichos secuestros formaron parte de una política de financiación de la guerra interna en Colombia, una forma de sometimiento de población, territorial y política para intercambio de presos, y se presentaron en ese contexto innumerables crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, añadió.
«Si reconocen la verdad, entran en una ruta restaurativa de mucha importancia que también, naturalmente, se les impone una sanción, pero distinta de la pena carcelaria como tal», precisó.
Agregó que en un tiempo de cinco a ocho años tendrán que trabajar, realizar obras para las víctimas en el contexto de planes, programas y de actividades que el Estado tiene que desarrollar justamente en esos territorios y en favor de las poblaciones más vulnerables donde se focalizó parte de la violencia en el conflicto.
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