El presidente de la Cámara alta, Joseph Lambert, recordó que desde mediados de mayo recomendaron al Consejo de Ministros el aplazamiento de esta ley, al considerar que el contexto no es idóneo pues faltan las condiciones para garantizar su implementación.
“¡Las orejas no deben ser más largas que la cabeza!”, escribió en Twitter el parlamentario y subrayó que la posición expresada por los legisladores es clara e inequívoca.
Según la nota enviada por el Senado al Ejecutivo, la población haitiana debe absorber el Código Penal para que la justicia se sienta más cómoda en la ejecución de su tarea.
La ordenanza fue aprobada por decreto en junio de 2020 por el asesinado presidente Jovenel Moïse (2017-2021) y en un lapso de dos años podría ser revocada por la Asamblea Nacional, sin embargo, no se realizó el correspondiente proceso electoral, y el Parlamento permanece disfuncional desde enero de ese año.
Gremios de abogados, religiosos y sindicales, además de organizaciones sociopolíticas se posicionaron sobre su entrada en vigor y el Gobierno creó una comisión para analizar el documento, sin embargo, no ofreció conclusiones de ese proceso.
Entre las principales críticas figuran la despenalización del aborto, mientras se aprueban penas contra quienes discriminen por orientación social. También, de acuerdo con sus detractores, permite la amnistía a acusados de corrupción, delitos políticos y financieros.
En abril la Asociación Nacional de Magistrados Haitianos solicitó al Gobierno de Ariel Henry posponer por al menos dos años la ley o desestimarla hasta que expertos puedan analizar sus consecuencias legales, sin embargo, otras voces señalaron que el primer ministro no cuenta con las prerrogativas para desatender un decreto presidencial.
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