Por Lourdes Pérez Navarro
Periodista de la Redacción Sudamérica de Prensa Latina
Un informe del Ministerio Público muestra datos preocupantes: solo en mayo pasado se reportaron 12 denuncias diarias por estos hechos -cifra mayor a las ocho registradas en abril-, con lo que ya fueron asistidas mil 151 víctimas este año.
No se trata de un fenómeno aislado, ni siquiera de reciente aparición. De acuerdo con el documento, en los últimos cinco años contabilizaron más de 16 mil casos de abuso sexual en infantes.
En el quinquenio, el 2019 fue el año con mayor número de víctimas registradas, con tres mil 284, seguido del 2021 con dos mil 957 y el 2020 con dos mil 672.
Al respecto, los especialistas alertan de que la disminución detectada en 2020 y 2021 no significó una reducción de casos, sino que se debió a la ausencia de las redes de apoyo que denuncian (maestros, parientes, círculos de amistades y agentes comunitarios), debido a las medidas de restricción y cuarentenas impuestas para enfrentar la Covid-19.
De acuerdo con la Fiscalía, las zonas recurrentes con más registros son Central, Alto Paraná, Asunción, Itapúa, Caaguazú, San Pedro y Cordillera.
«Nuestro país cada vez más parece un país de caníbales, porque si consumimos seres humanos, especialmente niños, no somos más que eso», afirmó el pasado 31 de mayo la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez.
En esa fecha la nación sudamericana conmemora el Día Nacional de Lucha contra el abuso sexual y todo tipo de violencia hacia niñas, niños o adolescentes, en memoria de Felicita Estigarribia, una vendedora de mandarinas de Yaguarón de solo 11 años de edad, víctima de agresión sexual y cuyo crimen, ocurrido en 2004, aún está impune.
INVOLUCRAR MÁS A LA SOCIEDAD Y LAS INSTITUCIONES Diversas voces en esta nación piden involucrar más la sociedad y las instituciones en la lucha contra la vulneración de los derechos de niños y adolescentes, pues, enfatizan, el silencio y la indiferencia son factores que empeoran esta situación, y resultan equiparables con la complicidad.
A raíz del hecho ocurrido en la escuela de Lambaré, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay, emitieron un comunicado en el cual significaron que las instituciones estatales, y sobre todo las educativas, deben ser espacios de protección y seguridad para los estudiantes.
Alertaron sobre la urgencia de elaborar una política pública de Educación Integral de la Sexualidad, truncada desde 2011, y exigieron avances decididos para su implementación, ya que enseña a cuidarse y a no dañar a las demás personas.
En su opinión, la ausencia de dicha política expone a niños y adolescentes a diferentes formas de abuso, violencia sexual y discriminación.
Por ello, consideraron importante brindar mayor formación a los equipos docentes, técnicos y directivos del sistema educativo para lograr un efectivo abordaje integral de esta temática con los estudiantes, sus familias y comunidades.
En esto coincidió Carlos Flecha, educador de la organización Callescuela, para quien la información es fundamental en la lucha contra el terrible problema de la violencia que padecen los menores.
“Mucha educación, una educación sexual integral con los niños y adolescentes, jóvenes que sepan sobre temas que culturalmente muchas veces no se les permite y que accedan a la información, porque la falta de ella deriva también en muchos abusos”, resaltó en un entrevista ofrecida al diario La Nación.
Señaló que esa violencia se da generalmente en un entorno familiar y comunitario justamente por la falta de información y participación de los niños en conocer sus derechos y ser escuchados.
Por otra parte, Flecha remarcó que una de las causas es la violencia estructural que el Estado genera por la falta de apoyo y acompañamiento a la educación necesaria, dejando en condiciones de mayor vulnerabilidad a la niñez.
¿SON APLICADAS LAS LEYES?
Sin embargo, estos reclamos no tienen como fundamento la orfandad legislativa, pues Paraguay cuenta con leyes propicias para velar por la protección integral de los menores, pero ¿son aplicadas?
Ejemplo de ello es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que reconoce la importancia de la educación integral de la sexualidad, normativa que no corrió por buen cauce pues en 2011 las autoridades frenaron su implementación.
A esto se añadió otro obstáculo: en 2017 el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió la difusión y uso de materiales referentes a la teoría o ideología de género en instituciones educativas.
También está vigente la Ley número 6202 de 2018, dirigida a prevenir el abuso sexual y garantizar la atención integral a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, pero la ruta para su ejecución no fue finalizada.
Paraguay tiene así el reto de encaminar acciones sólidas y viables para enfrentar este fenómeno, que sean capaces de involucrar a toda la sociedad y a las instituciones, en pos de proteger a los que hoy son el futuro del país.
Como sentenció la ministra Martínez: “El desafío más grande que tenemos todos como sociedad, como adultos y responsables del cuidado de los niños, es lograr que ellos puedan hacer su vida plena y en un ambiente fuera de la violencia”.
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