La denuncia fue impulsada por nueve víctimas y una asociación brasileña en nombre de 11 mil familias indígenas del municipio de Barcarena.
Esa empresa y siete filiales y accionarios, seis de ellos implantados en Países Bajos, deben responder por los vertidos de su gigantesca planta Alunorte durante al menos dos décadas.
El último incidente se produjo en 2018, cuando lluvias diluvianas hicieron desbordar los depósitos de la planta y contaminaron el aprovisionamiento de agua de Barcarena, según testimonios de abogados de los denunciantes.
Esos vertidos afectaron la salud de muchas tribus indígenas, que se vieron además privadas de sus recursos y del acceso a la comida y al agua potable, agregaron.
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