El Colectivo de progenitoras del barrio capitalino del Cerro, entre los de más incidentes violentos, acudió ante el Palacio Legislativo a manifestarse por una participación más activa del Estado en cuanto al consumo de sustancias prohibidas.
A la demostración convocadas por ellas se sumaron personas de otros departamentos y otros colectivos, como Sandra Fernández, de Madres en Lucha de Tacuarembó, quien contó que desde hace unos cinco años buscan tener allí una clínica de rehabilitación.
Los familiares piden que el gobierno tome en cuenta un proyecto al respecto pendiente en el Parlamento que estipula que “toda persona en uso de la razón firmaría un consentimiento para recibir un tratamiento”, explicó Gabriela Jost, una de las movilizadas presentes.
El director de Convivencia Social del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo que la cartera está comprometida con una guerra al narcotráfico, que genera un problema de salud, “de gente que está enferma, que gasta todo lo que tiene y roba con tal de consumir un poco más en el día”.
Reconoció que es un problema de Estado, nacional, que también deben comprender a personas presas y en situación de calle y se pronunció por mecanismos legales para que existan más lugares donde pueden trabajar y tratar el tema de adicciones.
Una agencia internacional especializada señaló a Uruguay entre los mayores consumidores de cocaina en el mundo, y punto de tránsito hacia mercados en Europa.
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