Los planes de Londres son rechazados por la UE, que ya emprendió acciones legales contra el Reino Unido, mientras el opositor Partido Laborista anunció que votará en contra, por considerar que podrían contravenir el derecho internacional.
El llamado Protocolo para Irlanda del Norte fue la fórmula acordada por Londres y Bruselas para evitar una frontera física entre ambas irlandas, luego de la consumación del Brexit en enero de 2020.
Como parte del Tratado de Retirada, la provincia británica quedó dentro del mercado único del bloque, por lo que todos los productos procedentes del resto de Gran Bretaña deben ser sometidas a controles para comprobar que cumplen con las regulaciones sanitarias y aduaneras europeas.
La medida crea, sin embargo, una frontera comercial en el Mar de Irlanda, que es rechazada por los unionistas norirlandeses, quienes alegan que el protocolo, además de afectar el flujo de mercancías, amenaza la posición de ese territorio británico dentro del Reino Unido.
Para presionar a Londres a que renegocie o revoque el acuerdo, el Partido Democrático Unionista (DUP), que perdió las recientes elecciones locales ante el Sinn Fein, se rehúsa a acatar la parte de los acuerdos de paz de 1998 que lo obliga a compartir el gobierno provincial con los republicanos.
El bloqueo político del DUP impide la formación del Ejecutivo y el funcionamiento de la Asamblea, algo que según el Ejecutivo central británico amenaza la estabilidad de la provincia, y pone en peligro el tratado que puso fin al conflicto armado norirlandés.
Para conjurar la crisis, Londres propuso enmendar el documento de forma unilateral, para crear un “canal verde” para las mercancías con destino a Irlanda del Norte, y dejar los chequeos solo para aquellos productos que sigan viaje a la República de Irlanda.
El proyecto de ley también pretende eliminar la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia sobre las disputas que se generen en Irlanda del Norte, y dejar que sean las empresas locales las que decidan si desean regirse por la legislación de la UE o la británica.
En una declaración emitida la víspera, la canciller británica, Liz Truss, defendió la propuesta del gobierno, y recalcó que el protocolo en su forma actual, socava la paz y la estabilidad lograda en Irlanda del Norte por los acuerdos del Viernes Santo.
El embajador de la UE ante el Reino Unido, Joao Vale de Almeida, reiteró, por su parte, que el plan de Londres es ilegal e irreal, porque además de violar el derecho internacional, no ofrece una alternativa real al protocolo.
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