El jefe de la fracción legislativa del FA, Jonathan Acuña, señaló que piden valorar si está apegado a la legalidad este aumento tan grande (del 98 por ciento) que se les ha dado a esos salarios base, justificado en que no se les ha otorgado aumentos por costo de vida durante varios años.
Ello, apuntó, pese a que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como Reforma Fiscal, establece que si el nivel de endeudamiento del país sobrepasa el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), las personas funcionarias no podrán recibir aumento en sus salarios base o en sus incentivos.
Acuña sostuvo que justo lo contrario ocurrió con la decisión tomada por el presidente Chaves, quien aplicó -vigente desde la semana anterior- un aumento del 98 por ciento a sus ministros y viceministros, doblando sus ingresos mensuales, a pesar que ya se supera el umbral del 60 por ciento de endeudamiento del PIB.
La inflación acumulada entre enero de 2012, medida por el Índice de Precios al Consumidor, es de un 32,8 por ciento, precisó y añadió que el aumento del 98 por ciento es aún mayor a la inflación acumulada en el período en el que el propio Decreto indica que estos salarios base se han congelado.
Recordó que la Contraloría General de la República ya desaprobó en el pasado gastos presupuestados para remuneraciones por incluir recursos para aumentos salariales en contra de lo dispuesto en el artículo 13 de la Reforma Fiscal.
El legislador reveló que la bancada del FA pide en una carta enviada a la contralora general Marta Acosta pronunciarse y valore la decisión presidencial a la luz del marco legal vigente.
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