Así dijo en el Consejo de Seguridad la secretaria general adjunta de Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo e informó sobre las negociaciones en curso.
Recientemente, indicó la víspera, se celebraron conversaciones en El Cairo, Egipto, entre los representantes de las dos cámaras legislativas rivales: la Cámara de Representantes en el este y el Consejo Superior de Estado, con sede en la ciudad occidental de Trípoli.
En esas reuniones se revisó el proyecto de una constitución reformada que facilite el proceso electoral, retrasado desde diciembre de 2021, apuntó DiCarlo.
A su entender, el resultado de esos diálogos marcó “un paso en la dirección correcta” y la próxima semana, los líderes se reunirán en Ginebra en un esfuerzo por lograr un acuerdo final que conduzca a comicios en la fecha más temprana posible.
Mientras tanto, las continuas divisiones políticas contribuyen a un entorno de seguridad tenso en Trípoli y sus alrededores, derivado del enfrentamiento entre dos rivales que afirman ser el primer ministro legítimo.
En ese contexto, DiCarlo advirtió sobre el riesgo de una escalada a medida que los grupos armados continúan posicionándose en apoyo de cualquiera de los dos hombres y reiteró su llamado a la máxima moderación y el diálogo.
Asimismo, alertó la alta representante de la ONU, el estancamiento político afecta a la economía y continúa el cierre parcial del sector petrolero.
Desde mediados de abril, detalló, las exportaciones de petróleo de Libia se redujeron en un tercio, lo cual le cuesta a esa nación más de tres mil millones de dólares en ingresos perdidos.
Igualmente, continúa el desacuerdo sobre el control y uso de los fondos públicos que desencadenó el cierre parcial de campos petroleros y podría conducir a más, señaló.
La diplomática estadounidense también se refirió a alarmante situación de los derechos humanos y como la misión de la ONU en ese país recibió informes de graves denuncias de tortura contra libios, migrantes y solicitantes de asilo en centros de detención y prisiones.
Según destacó, las autoridades deben investigar todas las denuncias de tortura y otras violaciones, y los responsables deben rendir cuentas.
Libia vive una espiral de violencia desde el derrocamiento de Muamar al Gadafi en 2011, luego de una guerra apoyada por miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre ellos, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
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