Sin embargo, el Gobierno del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro todavía presiona a senadores para que retiren su firma e impedir la apertura de averiguaciones en la cartera durante la gestión del exministro Milton Ribeiro.
La CPI «es un derecho constitucional minoritario. Por la Constitución, existe solo tres criterios para que ella venga a ser instalada: número cierto, hecho determinado y tiempo para funcionamiento. Estos tres criterios están en la solicitud de instalación de la Comisión Parlamentaria de Investigación», afirmó el senador Randolfe Rodrigues.
Autor del requerimiento, Rodrigues evalúa la posibilidad de que la CPI sea instalada aún en este semestre, antes del receso parlamentario, el cual comienza en julio. Pero reconoció que los trabajos no deberían comenzar hasta agosto, después del descanso.
Comunicó el 24 de junio que logró recoger las 27 firmas necesarias en el pedido de comienzo de la CPI de Educación.
El parlamentario presentó un día después una demanda en el Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando la apertura de una investigación para determinar la posible interferencia de Bolsonaro en las investigaciones de la Policía Federal (PF) sobre Ribeiro.
Tal sospecha de obstrucción del excapitán del Ejército llevó al Ministerio Público Federal a pedir a la Justicia que la indagación sobre el exministro sea enviada al STF.
La presión por una junta legislativa de pesquisa del sector educativo volvió a la superficie después de la detención de Ribeiro el 22 de junio.
La Justicia Federal ordenó más tarde liberar al exministro y a los pastores implicados en el caso.
Un informe del periódico Folha de Sao Paulo dio a conocer el 21 de marzo un audio en el que Ribeiro dijo favorecer un pedido de Bolsonaro y de ayuntamientos de municipios vinculados a dos religiosos amigos del gobierno.
Ahora aumentó más la coacción tras difundirse otra grabación en la cual el exfuncionario comenta a la hija que recibió una llamada del presidente, quien le advierte sobre la posibilidad de que la PF cumpla órdenes de búsqueda y captura en sus direcciones.
De acuerdo con la revista Carta Capital, la bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados defiende que Bolsonaro sea retirado del cargo hasta la determinación completa del caso.
«Queremos el alejamiento del presidente para ser investigado. Es un crimen común cometido en la vigencia del mandato», declaró a la publicación el diputado Paulo Teixeira.
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