La víspera, la líder social e indígena fue ingresada en la clínica Los Lapachos de la norteña ciudad de San Salvador de Jujuy debido a una trombosis venosa profunda y, aunque se encuentra estable, su situación es compleja y es necesario realizarle otros estudios.
Tras presentar un dolor en su pierna izquierda, a las 16:00, hora local, Sala fue trasladada a la unidad de Terapia Coronaria para recibir tratamiento, señala un comunicado de sus abogados.
Desde ese momento permanece en terapia intensiva. El cuadro que presenta no está exento de complicaciones y se analiza el procedimiento a seguir que puede consistir en una cirugía o anticoagulación a la espera de su evolución, añade.
Asimismo, precisa que, debido al peligro existente, la activista debe continuar internada sin realizar movimiento alguno y, “en el mejor de los casos, la resolución de su situación tomará de tres a cinco meses y deberá tener tratamiento por alrededor de un año”.
Esto ocurre en medio del hostigamiento por parte del poder judicial y el ejecutivo de Jujuy. Desde el momento de su ingreso, la policía local envió oficiales que permanecieron al lado de Sala y le impidieron tener contacto estrecho con su familia y con el personal médico, denuncia el comunicado emitido por su defensa.
Los efectivos informan constantemente por teléfono acerca de su estado de salud y realizan preguntas. No se limitaron a aguardar en las puertas de terapia, sino que entraron y están al lado de la cama en la que está la dirigente social escribiendo todo lo que escuchan y tomando fotos y videos, añade.
El documento recuerda que en las últimas semanas el Ministerio Público de la Acusación de ese territorio expresó públicamente su intención de que Sala vuelva a la cárcel, sin importar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La líder de 58 años fue detenida en 2016 por supuesta incitación a la violencia al encabezar una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas.
En la actualidad se encuentra bajo arresto domiciliario y en múltiples ocasiones organizaciones y defensores de los derechos humanos denunciaron la humillación, atropello, persecución judicial y ataques sufridos por ella durante los últimos años.
Agrupaciones, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y parlamentarios del Frente de Todos reclamaron su libertad y expresaron preocupación por las agresiones recibidas.
Asimismo, consideraron su detención como arbitraria e ilegal, y denunciaron la criminalización de las protestas, así como el encarcelamiento de dirigentes políticos y sindicales durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente de resolución la causa principal contra Sala desde hace más de dos años.
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