Autor del pedido, el senador Randolfe Rodrigues entregó el documento acompañado de las diputadas federales Sami Bomfim y Luiza Erundina. La instalación de la junta ahora depende del aval del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
El argumento para una CPI ganó fuerza después de las sospechas de interferencia del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro en las indagaciones contra el exministro de la cartera Milton Ribeiro.
Recientemente, en una llamada interceptada por la Policía Federal, Ribeiro comunicó a su hija que Bolsonaro lo alertó sobre una posible operación de búsqueda y captura en sus direcciones, como realmente ocurrió.
«No hay duda de que se instaló una pandilla en el ministerio (de Educación). Los indicios son fuertes y los esquemas de esa banda llegan al Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo)», señaló Rodrigues después de presentar la demanda de la CPI.
Consideró que Bolsonaro teme de las declaraciones de Ribeiro y los pastores Gilmar Santos y Arilton Moura, las cuales «dan cuenta, inequívocamente, de que hay indicios de que este esquema de corrupción tiene tentáculos en el Palacio del Planalto».
Un informe del periódico Folha de Sao Paulo dio a conocer el 21 de marzo un audio en el que el exministro dijo favorecer un pedido del exmilitar presidente y de ayuntamientos de municipios vinculados a clérigos amigos del gobierno.
Santos y Moura actuaron informalmente con alcaldes para obtener fondos de la cartera.
Para crear una CPI se necesitan al menos 27 firmas de congresistas. Rodrigues pudo acopiar y sobrepasó el número mínimo de apoyos al conseguir 31 nombres.
La base del gobierno de Bolsonaro en el Senado califica de descrédito el intento de la oposición de instalar la CPI.
Adeptos del excapitán del Ejército trabajaron sin éxito para intentar disuadir a algunos de los legisladores que rubricaron el protocolo para la junta de pesquisa.
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