Por Hugo Rius
Corresponsal de Prensa Latina en Uruguay
Desde que asumió el poder, el actual gobierno de coalición de partidos de derecha dejó claro tales intenciones, si bien tuvo la precaución de excluirlo de la controversial Ley de Urgente Consideración (LUC) diseñada por el sector más neoliberal del dominante Partido Nacional.
En aliados electorales necesarios como el Partido Colorado (PC) perduraba algo del legado de su gran dirigente histórico José Batlle Ordóñez, defensor del papel del Estado, por lo que el polémico propósito se encaminó aparte, en una propuesta de Ley de Medios.
Denunciada por la fuerza política de izquierda, junto a reservas provenientes del PC, dos años transcurrieron sin que terminara de agendarse en el debate parlamentario.
Pero de hecho el gobierno siguió adelante con su orientación privatizadora y decidió mediante una resolución presidencial, habilitar a cinco cableoperadores privados a brindar acceso a internet y con ello iniciar la desmonopolización de la Administración de Telecomunicaciones (Antel).
La intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, calificó ese acto de antipatriota y cuestionablemente legal, y lo describió de “vaciamiento de una empresa que en la última década invirtió fuertemente en una infraestructura de primer mundo en telecomunicaciones”.
Cosse refutó también por “falacia” el argumento oficialista de sentencias favorables a las cinco firmas beneficiadas por la Suprema Corte de Justicia entre 2016 y 2019 porque la ley que creó Antel “consagra el monopolio de la transmisión de imágenes y textos en cualquier plataforma de contenido audiovisual en las redes fijas”.
En la propia Antel el director representativo del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, expresó que el decreto presidencial lo que hace es “privatizar el internet fijo”, perjudica a la telefónica estatal y rompe una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica.
Criticó además “pagar una suma importante a los canales privados por algo que no tiene valor, que la gente puede ver en la televisión abierta”.
UN ASALTO A LA SOBERANÍA
El sindicato de la empresa estatal Antel, por sus siglas Sutel, que desde meses atrás denunciaba las intenciones gubernamentales, manifestó que la cuestionada medida ejecutiva significa “un asalto a la soberanía” del país en tanto “se alinea con un modelo neoliberal y privatizador”.
Por estos motivos movilizaron a sus afiliados en Montevideo, el Área Metropolita y resto del territorio nacional a un paro general de 24 horas en protesta.
Bajo una crítica impugnadora del Frente Amplio, su bancada senatorial resolvió en primera instancia cursar dos pedidos de acceso a la información para “tener un conocimiento más profundo” del proceso por el que se resolvieron las habilitaciones y analizar otras acciones parlamentarias, según informó la coordinadora Liliam Kechichian.
Una de las solicitudes fue dirigida al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y otra a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.
En ambos casos señalaron que “estas decisiones afectan derechos e intereses” de la empresa estatal y, por tanto, “en estos casos se debe notificar de lo actuado a aquellos terceros que puedan verse afectados para que intervengan en el procedimiento haciendo valer sus derechos”.
También se pidió una copia de “cada una de las solicitudes” para la obtención de las licencias por parte de las de televisión para abonados y que “se informe si cada una de las empresas cumplieron con los requisitos” necesarios para alcanzar dichas habilitaciones.
Kechichian puntualizó que “para poder conversar con el ministro”, en un futuro llamado al Parlamento, “hay un conjunto de información” que el FA debería manejar y que se pidió conocer en los pedidos de acceso.
Por ejemplo, “algunas informaciones técnicas” referidas a “qué tipo de servicio prestarán” las empresas, como “si van a usar el cable coaxial” por el que llega la señal de televisión a los hogares o “si van a usar la fibra óptica” que instaló Antel.
DEFENSA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
“Nosotros estamos muy preocupados, es un conjunto de cosas que se han juntado vinculadas a las empresas públicas”, señaló Kechichian, la legisladora frenteamplista, quien englobó también dentro del análisis el Proyecto Neptuno, una iniciativa privada para construir una planta potabilizadora de agua.
Meses atrás, ante la inminente privatización del agua en perspectiva, la federación sindical de trabajadores de la empresa de Obras Sanitarias del Estado (Ffose) decidió comenzar una campaña pública en oposición a una de las grandes inversiones anunciadas e impulsadas por el gobierno.
En este caso el eje central de la discusión que se avecina es la constitucionalidad de la nueva toma de agua y la planta potabilizadora a instalarse sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí, San José, cuya operación a largo plazo se entregará a un privado.
La gremial se reunió entonces con el presidente de la central sindical Pit-Cnt, Marcelo Abdala, en pos de que la oposición a Neptuno pase a formar parte de su plataforma de reivindicaciones y se incorpore a los reclamos.
Todavía el ministro de Ambiente, Andrés Peña, continúa posponiendo el prometido anuncio sobre la ejecución de un proyecto que abrirá debates y probablemente el camino de las urnas en consulta ciudadana en otro referendo.
Por lo pronto el movimiento sindical uruguayo liderado por la central Pit-Cnt, enarboló con vigor en sus gremiales integrantes la defensa de las empresas públicas contra privatizaciones, y por estas causas se movilizaron en las calles y protagonizaron paros de protestas.
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