El militar amplió su reconocimiento por los hechos imputados en los llamados «falsos positivos», nombre dado a los casos de asesinatos de civiles no beligerantes por miembros del Ejército haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco de la guerra.
«Como lo expresé en noviembre de 2021 (…) acepto toda la responsabilidad imputada bajo la calificación de comisión por omisión», manifestó ante magistrados de la JEP y víctimas de ese fenómeno.
Los falsos positivos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra el narcotráfico y las guerrillas que tuvieron un auge, entre 2006 y 2009, en el contexto de un programa de incentivos a los integrantes del Ejército Nacional que demostraran resultados contra la guerrilla.
Dicho programa estaba detallado en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, con el fin de obtener descansos, condecoraciones, retribuciones económicas u otros reconocimientos.
El fenómeno criminal coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del Ejército para que reportaran «éxitos militares» en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe.
«Si en el Estado hubiéramos asumido con responsabilidad esas denuncias presentadas el 6 de diciembre de 2007, y adoptado las medidas de control adecuadas, no siendo omisivos, se habría evitado la comisión de otros crímenes ocurridos en los meses subsiguientes», afirmó el militar, quien también reconoció las imputaciones en una audiencia pública este año. La JEP investiga este tipo de hechos en el Caso 03 denominado Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
En un informe de febrero de 2021, la JEP estableció que la cifra total de víctimas en este tipo de hecho fue de seis mil 402 entre 2002 y 2008.
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