En la primera jornada celebrada este lunes por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), miembros del extinto Batallón La Popa del ejército colombiano, admitieron que recibieron dinero, comida, paseos, armas y servicios de prostitutas por asesinar a personas indefensas y presentarlas como guerrilleros ultimados en combate.
Yeris Andrés Gómez, acusado de participar en más de 20 hechos entre 2002 y 2007 en los que fueron asesinadas al menos 50 personas, admitió ser autor material de asesinatos y ser parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército.
«Siempre obedecí ordenes de mis superiores sin cuestionarlas ni pensar en el daño que iban a causar», enfatizó en la audiencia.
Señaló al coronel José Pastor Ruiz Mahecha como uno de los jefes militares que ordenaron cometer dichos crímenes durante los años citados del conflicto armado.
Ruiz Mahecha, junto a Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa son coroneles retirados imputados por la JEP que no han aceptado los cargos por estos crímenes de lesa humanidad.
«Así como mis manos están untadas de sangre, ellos, sus soles y sus grados de oficial del Ejército, también están manchados de sangre porque ellos eran los que nos daban la recompensa por cada persona asesinada y legalizada por el Batallón La Popa», manifestó Gómez.
El imputado señaló al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por su política de seguridad mediante la cual «pedía resultados» en el enfrentamiento a las organizaciones guerrilleras.
Dicha política, servía «solo para matar», enfatizó Gómez quien forma parte de un grupo de 15 militares del Batallón La Popa acusados a finales del pasado años por 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas en combate frente a las guerrillas.
Entre las víctimas la Sala de Reconocimiento halló que 12 eran indígenas pertenecientes a los pueblos kankuamo y wiwa de la Sierra Nevada, de ellos tres eran jóvenes wiwa, incluyendo una niña de 13 años en estado de embarazo.
En esta diligencia se espera que 12 miembros del Batallón La Popa reconozcan su responsabilidad ante la justicia, las víctimas y el país por crímenes de guerra y lesa humanidad en el marco del caso que investiga ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe.
Los 12 imputados ya hicieron un reconocimiento por escrito, sin embargo, los tres coroneles mencionados no admitieron su responsabilidad y ahora se enfrentan a un proceso en el que, de ser hallados culpables, les espera una sanción de hasta 20 años de cárcel.
«Falsos Positivos» es el nombre dado al caso que involucra principalmente a miembros del Ejército Nacional en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno.
La JEP en un informe de febrero de 2021 estableció que la cifra total de víctimas era de seis mil 402 entre 2002 y 2008.
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